Ayer en la sede de la Federación Médica, se organizó una jornada de intercambio técnico para fortalecer el rol del Comité contra la Tortura de Chaco en la detección de los problemas sistémicos en la materia y para la elaboración de una serie de propuestas de políticas públicas para enfrentar la cuestión. La actividad contó con la participación del equipo del Comité chaqueño y del abogado Enrique Font, exvicepresidente del Subcomité de Prevención de la Tortura de Naciones Unidas, y visitante periódico de la provincia en el marco de varias iniciativas de este tipo organizadas en los últimos años.
Durante la jornada, se avanzó en la capacitación, análisis y alcances de la ley N° 6483, sobre prevención del delito, detección, sanción y prevención de la tortura, reforma policial y DD. HH. en instituciones académicas y gubernamentales y organizaciones no gubernamentales.
En diálogo con elDIARIO de la Región, Font destacó el protagonismo pionero del Comité contra la Tortura de Chaco, “que fue precursor porque fue la primera en implementar un Comité, incluso antes de la ley nacional, también la primera que ajustó su marco normativo a las observaciones que le había hecho a Argentina el Subcomité para la Prevención de la Tortura de la ONU”.
Asimismo, reconoció que en la actualidad Chaco y Misiones son las únicas dos provincias con organismos como el Comité funcionando y conforme a la normativa vigente: “En Mendoza y Corrientes, hay experiencias parecidas pero ninguno de los dos están plenamente ajustados a la Convención, ni cuentan con los medios necesarios y una plantilla permanente, y además hay dos que han cesado en sus funciones, como son el de Salta y Río Negro”.
IDENTIFICAR PARA PROPONER
“El énfasis, depende del trabajo de cada comité, el mandato no es tomar casos y litigarlos, más allá de que pueden hacerlo, no están impedidos, pero el mandato base es identificar las condiciones que hacen posible la tortura. Por ejemplo, el momento más crítico de vulneración de derechos es el momento de detención, traslado a la comisaría y primeras horas ahí, cuando un comité identifica eso como problema sistémico lo que tiene que hacer es presentar medidas para que esas situaciones no se produzcan”, precisó el especialista.
En orden de explicar el paso siguiente, enumeró una serie de propuestas básicas, “como garantizar presencia de la defensa pública desde el primer momento de detención, por lo cual las fuerzas de seguridad deben notificar inmediatamente al producirse una detención. Asimismo, garantizar la presencia de médicos forenses que cumplan con el protocolo de Estambul, que reglamenta como documentar e investigar torturas y malos tratos, que los fiscales cuando reciben esa información avancen en las causas, que hay un trabajo coordinado por parte de Asuntos Internos de la Policía, el rol del Comité es identificar el problema con visitas y entrevistas a lugares de detención y establecer un plan para abordar estas situaciones con los actores implicados”.
FEDERALIZAR LA EXPERIENCIA
Para Font, “la idea del Comité es consolidar sus líneas de trabajo, sobre todo lo atinente a alinear la labor con la lógica de prevención sistémica en el abordaje contra la tortura y los malos tratos. Es muy importante este liderazgo del Comité, porque a nivel federal, si bien Argentina ratificó el protocolo facultativo de prevención contra la tortura de 2004, no existe un sistema implementado aún. El sistema por el que optó Argentina es una ley sancionada en noviembre de 2012, que se reglamentó en abril de 2014, y establece un sistema nacional con mecanismos o comités en las 24 provincias, uno en CABA, y un Comité nacional”.
Por eso, defiende la necesidad de “fortalecer a los organismos como el de Chaco, es clave porque van a ser los que van a liderar la experiencia a nivel nacional”.
CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA
Consultado por el papel del Comité en casos de criminalización de la protesta social y represión a marchas y movilizaciones, teniendo en cuenta la coyuntura de sindicatos y demás colectivos ante un panorama de vulneración de sus derechos sociales, Font señaló: “El mandato es prevenir la tortura desde una definición amplísima, prevenir la tortura en situaciones de privación de la libertad”. “Por ello, desde el momento en el que a una persona es demorada, o siquiera obligada a ponerse de manos contra pared, ya comenzaría a regir la jurisdicción del Comité”.
ANTECEDENTES
Cabe recordar que la ley vigente surgió desde vario grupos de la sociedad civil, como el Centro de Estudios Legales y Sociales, y organismos como el Comité de Chaco. La ley, luego de que Argentina fuera al examen periódico en ONU, contó con el reconocimiento internacional: “Argentina tuvo muy buena calificación, porque presentó varias medidas como la asignación universal por hijo, la ley del matrimonio igualitario, la mora tira previsional, toda esa legislación muy fuerte en lo inclusivo y toda la política de memoria verdad y justicia. Asimismo, fue muy criticada por el retraso de ocho años en la puesta en acción de la ley”.
Ahora, Argentina enfrenta dos situaciones críticas: en abril, tiene el examen periódico del Comité contra la Tortura Internacional, y en pocos meses, nuevamente un examen periódico universal (el mismo que se hizo en 2012, que se repetirá).
FONT
Font es Magister en Criminología (London School of Economics and Political Science) y abogado (Universidad Nacional de Rosario). Actualmente, está a cargo de la Secretaría de Prevención de la Violencia Institucional y Asistencia a las Personas Privadas de Libertad del Ministerio Público de la Defensa de la provincia de Santa Fe. Hasta diciembre 2016, fue vicepresidente del Subcomité para la Prevención de la Tortura de Naciones Unidas.
Es docente e investigador categoría II en la UNR, donde es profesor titular interino de Criminología y control social en la Facultad de Derecho y en la Facultad de Trabajo Social. También, es docente estable en posgrados de la UNR, de la Universidad Nacional del Litoral, de la Universidad Nacional de Mar del Plata y de la Universidad de Barcelona, entre otras.
