La magistrada dio detalles sobre el rol que le compete al Municipio en materia de inspección y control ante la vigencia del aislamiento total que rige para prevenir el contagio de coronavirus. Respecto al funcionamiento de los call center, informó que son establecimientos exceptuados para funcionar y que de no cumplir con las distancias entre personas o los niveles de protección adecuados para evitar el contagio, se trata de un delito de salud pública y que la competencia es de la Justicia provincial.
Como primer punto explicó que “conforme al decreto vigente, el call center es una actividad que tiene permitido funcionar en este momento”; un segundo aspecto que marcó es que “si viola el decreto en algún punto, ya sea por no cumplir la distancia entre personas para evitar el contagio o los niveles de protección adecuados, se trata de un delito de salud pública y la competencia es la Justicia Provincial”.
Gutiérrez detalló que ante denuncias de trabajadores sobre que había dentro de los call center mayor cantidad de personas por metros cuadrados violando el protocolo de actuación, desde la subsecretaría de Fiscalización, a cargo de Gustavo Amann, junto con el Juzgado de Faltas Municipal se realizó una inspección ocular para ver en qué situación se encontraban funcionando.
Indicó que “desde el punto de vista de la legislación son establecimientos que están habilitados conforme la ordenanza municipal, además están exceptuados de la restricción de funcionamiento” y que el decreto vigente “los pone a la par de los supermercados, farmacias y estaciones de servicios, entre otros lugares de primera necesidad”.
Y pidió a la ciudadanía que comprenda que son locales que “conforme al decreto deben estar trabajando dentro de las pautas sanitarias establecidas como ser las distancias que debe existir entre personas por metros cuadros”.
Explicó que durante las inspecciones se verificó el cumplimiento de esto: “En el momento que acudimos esto se cumplimentaba, podemos hablar sólo de ese momento porque es lo que se pudo visualizar, inclusive acompañó esta inspección la concejal María Teresa Celada”.
Remarcó que, de no ser así, y se comprobaba realmente lo denunciado, iban a hacer la denuncia de oficio para que actúe la jurisdicción competente, pero que “no se constató esto al momento de llegar la Municipalidad al lugar”.
“LA PREOCUPACIÓN ES DE TODOS”
La funcionaria marcó que es una preocupación “de todos” y que “no se trata de una cuestión partidaria, ni de sectores”, sino que “se trabaja para garantizar que se cumpla y resguardar la salud de la comunidad”. E insistió que “en el momento de la inspección el personal se encontraba en un 25% en uno y 50% de capacidad en los dos establecimientos controlados”. Y sumó que “se controló además la cantidad de trabajadores que marcaron ingreso al lugar para cotejar que esa era la cifra real de gente en el lugar”.
Subrayó que “desde la Municipalidad se hizo lo que se debía en lo que le atañe, dentro del decreto complementario, el DNU de Nación y todas las normas que se están dictando excepcionales para resguardar la salud pública”. Y añadió que “inclusive se consultó previamente al Poder Judicial para saber si podíamos acudir para denunciar si llegábamos a encontrarnos en las inspecciones con lo que se denunciaba, porque ya dejaba de ser una contravención para pasar a ser un delito conforme a todo lo normado”.
