En el tercer día de audiencia del juicio oral por crímenes de lesa humanidad “VII Brigada de Infantería” exdetenidos políticos presentaron ante el tribunal y partes los momentos más destacados de su experiencia de secuestro y confinamiento por parte del terrorismo de Estado (1976-1983).
El juicio oral comenzó el lunes y las audiencias se realizan en la sede del Tribunal Oral Federal de Corrientes ubicado en Pellegrini y La Rioja de la capital provincial, y por videoconferencia ya que algunos de los imputados residen en otras jurisdicciones del país. Se juzga casi un centenar de casos de secuestros, torturas y desapariciones cometidas bajo la jurisdicción de la Brigada de Infantería VII con asiento en la ciudad de Corrientes y poder de decisión sobre la planificación represiva y operativos sobre la citada localidad y también en Misiones, Chaco, y Formosa. Es por ello que la causa representa un cuadro de cómo se planificó, organizó, funcionó, y ejecutó la represión en toda la región.
Los imputados son Pedro Armando Alarcón, José Emilio Mechulán, Abelardo Palma, Eduardo Antonio Cardoso, Abelardo Carlos De la Vega, Raúl Horacio Harsich, Alfredo Carlos Farmache, Juan Carlos De Marchi, Horacio Losito y Raúl Alfredo Reynoso, todos integrantes la subzona Corrientes del área militar 231. Algunos de los procesados, ocuparon cargos decisivos en ella, otros integraron los grupos operativos pertenecientes al Ex Regimiento Nº 9, la Jefatura local de Policía provincial y de la Gendarmería Nacional, que no habían sido individualizados en otras causas ya juzgadas.
En la última jornada declararon los exdetenidos políticos Pablo Buscemi, Juan Vilouta, Roberto Parodi Ocampo y Juan Casanova. Todos ofrecieron una sólida descripción de cómo funcionó el sistema de represión ilegal del genocidio; detenciones sin órdenes judiciales de ningún tipo, secuestros y tortura y condiciones de hacinamiento, con nula atención médica o posibilidad de higiene y una alimentación deficiente.
“Reconstruir la memoria y la verdad histórica”
Entre las testimoniales prestadas en la tercera audiencia del juicio oral, se destacó la de Juan Carlos Fernández, militante de derechos humanos, coordinador del Registro Único de la Verdad de la Comisión Por la Memoria Chaco, que compartió su historia de vida como hijo del militante desaparecido Eduardo Lalo Fernández, y de la exdetenida política Gladis “Bebi” Hanke. Un testimonio con el compromiso de aportar elementos de utilidad para “reconstruir la memoria y la verdad histórica y que estas le sirvan al tribunal para impartir justicia” como lo definió el declarante cuando respondió al presidente del Tribunal Fermín Amado Ceroleni cuál es su interés en este proceso. “Tengo a mi padre desaparecido y nací en cautiverio. Quiero decir muchas cosas y diré lo que pueda” fue como se presentó ante el tribunal y las partes.
Pablo Ernesto Buscemi fue secuestrado por Ejército el 13 de noviembre de 1976, tenía 21 años, es oriundo de La Leonesa, pero estaba en Corrientes porque era estudiante de la Facultad de Abogacía de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE). «Fue una toma de la pensión, con ribetes cinematográficos, me levantaron de los pelos, era de siesta y fui salvajemente golpeado. Estuve 75 días en el RI9, en hostigamiento permanente, sufría mucho calor y mucho encierro. Me decían que el ejército se iba a quedar 30 años”. Fue llevado a la alcaidía, allí denunció su secuestro en el Ejército. Luego, lo envían a la U7.
En días previos a la Masacre de Margarita Belén vio Luis Díaz –una de las víctimas de este fusilamiento clandestino- y escuchó que “Losito, o Barreiro, uno de ambos, decía ‘a este no le den de comer porque no va durar mucho’. También escuchó que decían ‘está fuerte la Dorita’, en relación a una detenida que habían torturado. «Un comportamiento muy demencial era la conducta de esa gente, me cuesta relatar lo que hacían». Remarcó el grado de ferocidad con el que actuaban, “impropio del código de guerra o de todo código ético”. Calculó 15 personas confinadas junto con él. Pudo ver a Parodio Campo y a Marta Alvarez, «muy torturada, atada a un camastro».
Operativo conjunto
Juan P. Vilouta fue detenido el 26 de agosto de 1976 de madrugada, cuando compartía una cena con amigos en una pensión. Primero pensó que se trataba de un asalto porque a los primeros que vio venían de civil, con armas de fuego y encapuchados. Luego, se enteró que había sido un operativo de Gendarmería Nacional, el Ejército y Prefectura Naval. De esa noche, los vecinos le contaron que habían rodeado varias manzanas del barrio. Fue llevado a la RI 9, allí vio entre 18 y 20 personas, todas hacinadas, en muy malas condiciones de higiene. «Sacaban a la gente de noche, se escuchaba el sonido de las rejas de los candados». Contó que le robaron muchas de sus pertenencias y que a los días de ser liberado, él ya sabía quiénes habían sido los que participaron en el operativo porque tenía un conocido que estaba en pareja con una jueza y, además, porque a muchos de ellos los frecuentaban en actividades sociales ya que, como relató, «Corrientes era una ciudad muy chica, mucho más chica que ahora».
Masacre de MB
Roberto Parodi Ocampo fue secuestrado el 5 de noviembre de 1976 y llevado a un paraje donde lo golpearon mientras le preguntaban por hechos y personas que no conocía. Pasó por la Jefatura de Policía y por el Regimiento de Infatería9 RI9 donde sufrió torturas y condiciones de detención insalubres, sin posibilidad de higienizarse y con alimentación deficiente.
Varios días luego de ocurrido el hecho se enteró, cuando estaba detenido en la Alcaidía policial del Chaco, que su hermano Manuel había sido una de las víctimas de la Masacre de Margarita Belén. Le fue concedida la posibilidad de exiliarse y estuvo dos años en Francia, luego estuvo seis años en México dónde se recibió de Ingeniero Farmacéutico y regresó a Argetina; “Luego de lo que pasé, tenía otra visión de la vida, y decidí que no continuaría estudiando medicina. Hoy participo en proyectos de producción pública de medicamentos, destinados a gente sin recursos”, comentó.
VIII Brigada
La Brigada de Infantería VII tuvo asiento en la ciudad de Corrientes y poder de decisión sobre la planificación represiva sobre la citada localidad y también en Misiones, Chaco, y Formosa.Es por ello que la causa representa un cuadro de cómo se planificó, organizó, funcionó, y ejecutó la represión en toda la región.
Es por ello que la causa representa un cuadro de cómo se planificó, organizó, funcionó, y ejecutó la represión en toda la región.Los imputados son Pedro Armando Alarcón, José Emilio Mechulán, Abelardo Palma, Eduardo Antonio Cardoso, Abelardo Carlos De la Vega, Raúl Horacio Harsich, Alfredo Carlos Farmache, Juan Carlos De Marchi, Horacio Losito y Raúl Alfredo Reynoso, todos integrantes la subzona Corrientes del Área militar 231. Algunos de los procesados, ocuparon cargos decisivos en ella, otros integraron los grupos operativos pertenecientes al Ex Regimiento 9, la Jefatura local de policía provincial y de la Gendarmería Nacional, que no habían sido individualizados en otras causas ya juzgadas.
