El Sindicato de Camioneros de Chaco denunció penalmente la represión por parte de la Policía durante la movilización contra la Ley Bases en Resistencia el pasado miércoles, en inmediaciones de la plaza central de Resistencia, y frente a la Casa por la Memoria.
La Policía había montado un dispositivo de seguridad formando un gran cordón con alrededor de 300 efectivos, la presencia de Infantería, Caballería y un camión hidrante. Ante el avance de las personas que estaban marchando, los efectivos se abroquelaron de manera tal que los manifestantes no pudieron avanzar, generándose un clima de tensión que llegó al desalojo con gas pimienta.
La Policía Montada avanzó desde Marcelo de Alvear y Sarmiento hasta agolpar a los y las manifestantes en la plaza 25 de Mayo. Frente a esta situación, integrantes de la Comisión por la Prevención de la Tortura negoció junto con diputados y diputadas del Partido Justicialista.
EL HECHO
Los abusos de autoridad comenzaron luego de que un grupo de siete delegados de la organización gremial, entre ellos Isaías Alegre, su secretario general, además de personal técnico del Comité contra la Tortura, se unieron a la columna de manifestantes que circulaba por 9 de Julio e Italia rumbo al mástil mayor de Resistencia.
La movilización culminaría frente a la Casa por la Memoria, pero frente a la YPF de Italia y 9 de Julio, un patrullero les cerró el paso. “En el lugar se encontraban cinco uniformados a cargo del comisario mayor Nelson Marcelo Alvarenga”, señala la denuncia, y agrega que “sin motivo aparente que justificara dicho despliegue y accionar policial, el personal comenzó a cargar una escopeta ostensiblemente con cartuchos anti tumulto”. No obstante, los manifestantes continuaron su marcha.
Frente a la sede de Lotería Chaqueña, otros manifestantes reconocieron que también habían sido detenidos por el mismo cordón policial, a cargo del comisario inspector del Departamento de Infantería, Miguel Darío Agued, “quien no se encontraba identificado”.
Según la denuncia, cuando el personal del Comité contra la Tortura se acercó para relevar y documentar el cumplimiento de la Ley N° 2399-J, Agued respondió que “no iba a proporcionar información alguna respecto al procedimiento policial”, y cuando la agente del Comité dialogó con otros policías para obtener datos del procedimiento, Agued regresó y, a los gritos, ordenó: “Dejá de molestar a mi personal”.
Cabe aclarar que el Comité contra la Tortura es un organismo provincial creado por la ley 3264-B que está facultado para intervenir a fin de garantizar el cumplimiento de derechos consagrados en las constituciones nacional y provincial, y en sendos tratados internacionales de Derechos Humanos que gozan de jerarquía constitucional.
Además, el personal de la entidad contaba con una reciente sentencia del Superior Tribunal de Justicia de Chaco, a raíz de un hábeas corpus presentado por el propio organismo, que “hace saber a la Policía de Chaco y al Ministerio de Seguridad de la provincia que deberán adaptarse a las medidas necesarias y conducentes para el irrestricto cumplimiento de la Ley 2399-J (Criterios mínimos sobre la actuación de las fuerzas de seguridad en manifestaciones públicas)”.
“Los referentes de la movilización tomaron contacto con el comisario Alvarenga y se acordó la organización de los manifestantes quienes iban a despejar la mitad de la calle para garantizar la circulación del tránsito; para ello, parte de la columna iba a transitar por la vereda de la plaza 25 de Mayo y parte por la mitad de la calzada con destino a la Casa por la Memoria”. El acto se iba a llevar a cabo a las 18.30, frente a una pantalla gigante en la que se iba a proyectar la sesión del Senado en vivo.
Luego de ese acuerdo de palabra, se hizo presente la comisario Emilia Címbaro, de civil, y junto a su par Maximiliano Ramírez organizaron la llegada de gran cantidad de móviles, equipamiento y recursos, “entre ellos: camión hidrante, División de Caballería, canes, personal motorizado perteneciente al Cuerpo de Operaciones Motorizadas (COM), personal motorizado perteneciente a la División Policía Caminera, personal perteneciente a la Fuerza de Operaciones Especiales Femenina (FOEF), personal policial portando cámaras portátiles estilo ‘Go pro’ y agresivos químicos (spray de pimienta)”.
Luego llegó el jefe de policía Fernando Romero “indicando que tenía órdenes del gobernador y del ministro de Seguridad de que los manifestantes no lleguen hasta Casa por la Memoria”. La comisionada del Comité contra la Tortura informó a Romero sobre la sentencia del STJ antes mencionada, pero el jefe de Policía “insistió en que él iba a acatar órdenes del Poder Ejecutivo provincial”, y ordenó despejar la media calzada “en 15 minutos”.
Fue entonces cuando el grupo de policías apostado frente a Lotería Chaqueña intentó impedir el paso de manifestantes a través del centro de la plaza, rumbo a la Casa por la Memoria. Y antes de que comenzara el acto, “sin intimación alguna”, el Jefe de Policía ordenó a infantería “obligarlos a que suban a la plaza”. Infantería y personal policial desplegaron “un cordón de tres filas” y “comenzaron a arrojar gases a los manifestantes mientras empujaban con los escudos a personas adultas mayores, mujeres, quienes en mayor medida se encontraban en la primera línea”.
Según la denuncia, tampoco hubo atención médica para las personas afectadas por los gases, y fueron los presentes los que debieron asistir a las víctimas mientras pedían ambulancias por teléfono.
“Este accionar policial ordenado por el jefe de Policía Fernando Romero resultó ilegal, arbitrario, excesivo, desproporcionado e ilegítimo toda vez que se arrojó spray de pimienta directamente a las personas sin motivo y razón alguna; incumpliendo lo establecido en la ley N° 2399-J y la Sentencia N° 167 del STJCh”, redondea la presentación.
Finalmente sostiene que «ante el hipotético e improbable caso de que no se hiciera lugar a los planteos interpuestos, hago expresa reserva del caso federal y eventualmente ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por vía de los recursos de casación y extraordinario (art. 14, Ley 48), dado que se lesionarían derechos y garantías constitucionales especificados en la presente memoria».
