Ante la aprobación de la ley provincial que “limita” que personas privadas de su libertad utilice celulares y acceda a internet dentro de los complejos penitenciarios que existen en la provincia, el Comité para la Prevención de la Tortura de la provincia, interpuso un Hábeas Corpus colectivo, para evitar la prohibición.
El presidente del Comité, Kevin Nielsen, brindó detalles sobre la acción interpuesta junto a la Defensoría General de la provincia, la cual se fundamenta en los siete u ocho derechos constitucionales que se pudieron ejercer gracias al uso de teléfonos celulares a partir del protocolo impulsado por el organismo y el Ministerio de Seguridad y Justicia de la provincia, en mayo del 2022.
Entre los derechos más relevantes que garantiza el uso de dispositivos móviles se encuentran el acceso a la comunicación con familiares, el acceso al afecto de las personas, el acceso a la educación, el acceso a la justicia y el contacto con los abogados defensores. “Muchas personas comenzaron a estudiar y muchas se han recibido”, comentó acerca de una de las ventajas.
Según pudo saber elDIARIO, actualmente unos 300 internos se encuentran culminando sus estudios, cursando una carrera universitaria, terciaria o formándose en oficios gracias a la utilización de los celulares en contexto de encierro.
VIOLACIÓN A LOS DERECHOS
En cuanto a la normativa, en diálogo con Radio Provincia, Nielsen aseguró que la aprobación de la ley es el resultado de “una apología permanente de los medios de violentar los Derechos Humanos de las personas detenidas” como las notas publicadas en medios digitales sobre supuestas estafas y falsos secuestros realizados a través de llamadas desde las cárceles.
Sin embargo, se comprobó que, desde la aplicación del protocolo para uso de celulares -en mayo del 2022-, solo se registraron 16 hechos delictivos que se encuentran siendo investigados por la Justicia.
Por otra parte, advirtió que el acceso a los dispositivos ha permitido que organismos de control como el Comité y la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia detecten o sean alertados rápidamente de hechos de torturas y malos tratos por parte del personal penitenciario como también de otros internos, que se han podio prevenir gracias al contacto con las guardias telefónicas. “Se han podido hacer denuncias gracias a la filmación de los teléfonos celulares”, explicó.
En ese sentido, la norma aprobada es restrictiva ya que plantea que para garantizar el derecho a la comunicación de los internos se instalarán teléfonos públicos, con mensajes que expliciten el origen de la llamada. Lo que hace suponer que el acceso a los teléfonos no será de forma directa o inmediata.
“Lo cierto es que esto está funcionando, puede llegar a haber un uso prohibido igualmente, pero es justamente esta regulación la que permite actuar en consecuencia, individualizar a la persona y evitar sacarles el celular a todas las personas de un mismo pabellón”, sentenció Nielsen.
Por último, el presidente del Comité recordó que la Argentina se encuentra adherida al Pacto Internacional en materia de Derechos Humanos, la cual aclara que tiene jerarquía constitucional y por ello establecer “pisos” mínimos de dignidad para la privación de libertad.
“El sistema penal ideal debería readaptar a las personas para que no reincidan en actitudes delictivas a través de la implementación de medidas restitutivas, la solución de conflictos, los tratamientos psicoterapéuticos y comunitarios, tratando de averiguar y trabajar sobre la causa del delito. Prohibir el uso de celulares no beneficia a la persona que transita esos lugares, sino que las perjudica”, sentenció.
