El Gobierno de Luis Arce quiere iniciar un proceso judicial internacional contra el expresidente de Ecuador, Lenín Moreno, y la expresidenta de Bolivia, Jeanine Áñez, por delitos de “lesa humanidad”. Desde el ejecutivo boliviano señalan un supuesto préstamo de gases lacrimógenos de Ecuador a la expresidenta boliviana para controlar las protestas tras el derrocamiento de Evo Morales en 2019.
El ministro boliviano de Justicia, Ivan Lima, realizó el anuncio y mencionó como instancias a la Corte Interamericana o la Corte Internacional de Justicia. El Ejecutivo de Arce argumenta el juicio en el supuesto préstamo de Moreno a Áñez de gases lacrimógenos destinados a controlar las protestas que en ese momento se producían en Bolivia tras el derrocamiento del presidente Evo Morales en noviembre de 2019.
En Ecuador, también se habló del supuesto apoyo de Moreno a Áñez en las protestas de 2019. El legislador Fausto Jarrín presentó ante la Fiscalía una denuncia contra el expresidente Moreno por “el hecho de haber entregado, sin ninguna razón o justificación, pertrechos militares y bombas lacrimógenas a Jeanine Áñez en noviembre de 2019, (material) con lo cual obviamente el Gobierno de facto reprimió a la ciudadanía en el hermano pueblo de Bolivia”, declaró a la prensa Jarrín.
El escándalo estalló hace una semana con la difusión en Bolivia de una carta, fechada en mayo de 2020, del excomandante de la Policía de Ecuador, Hernán Patricio Carrillo Rosero, al entonces agregado de Defensa de la Embajada boliviana en Ecuador, José Frías.
En la carta el policía le pedía al diplomático la devolución de “5.000 granadas de mano GL-302; 2.389 proyectiles de largo alcance calibre 37 mm; 560 proyectiles de corto alcance calibre 37 mm y 500 granadas de sonido y destello para exteriores” que su institución había prestado a Bolivia. Los cartuchos de 37 mm sirven para disparar químicos, como gases lacrimógenos y otras sustancias irritantes.
Según el Gobierno boliviano, el cargamento llegó al país “con bajo perfil” el 16 de noviembre de 2019, al día siguiente de la llamada masacre de Sacaba, en la que murieron 11 personas y fueron heridas 120. Fue tres días antes de la masacre de Senkata, en la que también fallecieron 11 personas y fueron heridas 78. Las investigaciones sobre estos sucesos, que aún no concluyeron, establecieron que todos los manifestantes anti-Áñez perdieron la vida por heridas de bala.
Cuando el Gobierno interino asumió el 12 de noviembre de 2019 la policía boliviana sufría un total desabastecimiento de gases lacrimógenos, luego de los 21 días de conflictos callejeros que antecedieron a la caída de Evo Morales. (Fuente: El País)
