Representantes de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE Chaco) y de la CTA Autónoma Chaco mantuvieron una reunión con el Defensor del Pueblo del Chaco, Bernardo Voloj para analizar la situación de violencia institucional que ejercen los intendentes de Corzuela, Coronel Du Graty y El Espinillo. Desde el organismo provincial se comprometieron a intervenir en la situación con el fin de abrir canales de diálogo que permitan terminar con las situaciones lesivas para las y los trabajadores de las mencionadas municipalidades.
“Ante la situación de vulnerabilidad e injusticia que están padeciendo las y los compañeros, recurrimos a la intervención de la Defensoría del Pueblo. Los jefes comunales de Corzuela, Rafael Carrara; de Coronel Du Graty, Juan Carlos Polini; y de El Espinillo, Zenón Cuellar; son protagonistas de hechos de violencia, persecución y despidos arbitrarios que ponen en peligro la salud y los derechos humanos básicos de las y los trabajadores”, sostuvo el secretario General Adjunto de ATE Chaco y titular de la regional metropolitana de la Central de Trabajadores de Argentina (CTA) Autónoma, Neri Salazar.
“Queremos visibilizar la particular situación de atropello, desamparo, desacato y violencia que estamos viviendo, con respecto a los actos feudales y de abusos de poder que vienen cometiendo estos intendentes. Ante la falta de resolución política, los conflictos se judicializan, pero desde las intendencias tampoco se respetan dichos fallos, entran en rebeldía judicial sin que haya consecuencias, por eso entendemos que existe la necesidad de que hayan elementos normativos que permitan tomar injerencia en esos casos, porque las demoras de años y los desacatos van en perjuicio de las y los trabajadores”, agregó
Las trabajadoras de Corzuela fueron exoneradas y violentadas en repetidas ocasiones. Cuentan con diferentes fallos judiciales que ordenan su reincorporación y el pago de los haberes adeudados, pero la situación continúa sin modificarse. En Coronel Du Graty, fueron despedidos veinte trabajadoras y trabajadores, de los cuales diez fueron luego reincorporados pero los restantes siguen sin recuperar sus puestos de trabajo. Y en El Espinillo se registraron en clara situación irregular veintiún despidos, incluyendo un delegado sindical.
“No entendemos cómo en plena pandemia, con la complicada situación económica que estamos viviendo, estas circunstancias se pueden prolongar de esta manera, con familias que no tienen cómo llevar un plato de comida a su casa. El Defensor del Pueblo se comprometió a hacer un informe del marco de situación y realizar una intervención territorial, con el fin de propiciar puentes de diálogo y establecer al menos un marco de negociación”, explicó por su parte el secretario General de ATE Chaco, Mario Bustamante.
