Amnistía Internacional (sede Argentina) publicó “Disenso en riesgo”, un informe que arroja las “cifras alarmantes” sobre los hechos represivos relavados en 15 manifestaciones, de todas las que hubo durante el año, y que dejó el ‘Protocolo Anti-piquetes’ instalado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
Desde la organización consideran que el gobierno del presidente Javier Milei hizo un uso “desproporcionado” de las fuerzas de seguridad “como norma” y que, con este informe, se ha encontrado “un patrón de represión y criminalización” para quienes se manifestaron para expresarse en contra de las políticas llevadas a cabo por esta gestión.
Del estudio, se desprendió como resultado que hubo 1155 personas heridas, “muchas de ellas con lesiones graves”; 33 con impactos de balas de goma “en la cabeza o el rostro, con daños severos en la visión”; 50 trabajadores de prensa heridos “durante las coberturas de las manifestaciones” y 73 personas “criminalizadas” por participar en las protestas.
“Entre las prácticas documentadas, se observó el uso abusivo de gases lacrimógenos, balas de goma, camiones hidrantes y golpes con tonfas y bastones, además de detenciones arbitrarias. Incluso, en casos emblemáticos, niños y niñas fueron afectados por la violencia represiva”, sostiene el texto.
