La Justicia federal ordenó 27 allanamientos en el marco de una causa que investiga extorsión y coacción a beneficiarios de planes sociales. Las medidas judiciales apuntan a dirigentes de varias organizaciones sociales como el Polo Obrero, Movimientos Barrios de Pie y Frente de Organizaciones en Lucha.
La medida se ordenó a partir de las denuncias que fueron recibidas a través de la Línea 134 habilitada por el Ministerio de Seguridad de la Nación, a cargo de Patricia Bullrich. También se sumaron datos de las auditorías que viene realizando el Ministerio de Capital Humano, cartera que encabeza Sandra Pettovello.
El lunes, se realizaron 27 allanamientos en el marco de una investigación por posibles extorsiones de dirigentes de distintas organizaciones sociales para que manifestantes concurran a diferentes protestas.
La Justicia realizó allanamientos por posible extorsión a beneficiarios de planes sociales
Sólo en la Ciudad de Buenos Aires, fueron 45 los casos pues fueron más de 13.000 llamados recibidos, pero a nivel nacional por lo que están fuera de la jurisdicción del titular del Ministerio Público.
La investigación, desde entonces, implicó la identificación de varios dirigentes sociales que ahora fueron imputados por el delito de extorsión.
En total fueron 27 los denunciados, entre ellos Jeremías Cantero, Elizabeth del Carmen Palma, Gianna Puppo y María Dotti, todos ellos del Partido Obrero; así como otros dirigentes de Barrios de Pie y otras organizaciones sociales.
En una primera instancia, el fiscal pidió incluso detenciones las cuales no fueron concedidas por el juez Sebastián Casanello y ameritó la intervención de la Cámara Federal que sí habilitó los allanamientos como medida de prueba, lo que se efectivizó este lunes.
Para la fiscalía, hubo tres tipos de extorsión a partir de los planes sociales que giraba el Ministerio de Desarrollo Social, que era cobrarles a los afiliados una «cuota» para aporte de los comedores, obligarlos a vender por la zona los alimentos que recibían del Estado Nacional y también a asistir a manifestaciones, todo bajo amenaza de quitarles la ayuda o bien no entregarles los animales.
Como método de control se tomaba asistencia a las marchas, se imponían castigos con «multas» para los que no cumplieran a rajatabla la asistencia a marchas (en algunos casos era de 10 mil pesos por cada una de ellas, ndr) o bien la prohibición de retirar alimentos que daba el Estado a los comedores.
También había «listas de espera» de personas que querían acceder al plan Potenciar Trabajo y eran obligados como mérito a ello a realiza trabajos; los «beneficiarios comunes» que son los que lo recibirán y como contraprestación debían ir a marchas o hacer «un aporte» al comedor; los «delegados» que reciben el doble o triple ayuda y los «referentes» quienes controlan la administración de fondos y ordenan a los anteriores.
Como prueba, la fiscalía cuenta con los mensajes donde los referentes o delegados transmitían las sanciones que eran el no retiro de alimentos o el aporte por no asistir a una marcha determinada: «compañeros que tienen 0 movilizaciones y que pasarán a lista de espera», reza el hallazgo de esos mensajes.
Los delitos imputados por la fiscalía son de extorsión, amenazas coactivas, y administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.
Los allanamientos fueron en varios comedores, así como casas particulares luego de tareas de inteligencia en donde se los individualizó, y también incluyó varias horas de intervenciones telefónicas habilitadas por el juzgado.
QUÉ DIJERON DESDE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES
El referente del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, acusó al gobierno nacional de emprender una “persecución política” en contra suya y de los movimientos sociales, y negó estar vinculado a las supuestas denuncias de “extorsión” por las cuales las fuerzas de seguridad allanaron los comedores comunitarios de la organización que él encabeza.
“Tengo la conciencia limpia, vivo en Burzaco hace 50 años. A mí no me llamaron porque saben que no soy un delincuente”, puntualizó el dirigente y adelantó que tanto él como su fuerza política se presentarán ante la Justicia para esclarecer la veracidad de las acusaciones.
