Por Gonzalo Torres para elDIARIO de La Región / Fotos: Pablo Caprarulo
Chaco, 19 de julio de 2024; a un siglo de la masacre y a dos años del juicio por la verdad histórica de Napalpí. Una historia de violencia y masacres, pero también de memoria y resistencia. Porque hubo un 19 de julio de 1924, pero también un 29 de mayo de 2022: ese día, la jueza federal Zunilda Niremperger leyó el dictamen final del juicio realizado para dejar registro oficial de la verdad de los hechos; lo hizo secundada por integrantes de etnias originarias que oficiaron de traductores, con la bandera de Argentina, la bandera de la provincia de Chaco y la bandera Wiphala detrás suyo.
La magistrada declaró que “el sábado 19 de julio de 1924 por la mañana un aproximado de efectivos de fuerzas de seguridad y civiles llegaron a la zona conocida como El Aguará en cercanías a la reducción de Napalpí donde aproximadamente mil personas de las etnias moqoit y qom y colonos santiagueños y correntinos realizaban una huelga en las tolderías en reclamo por las condiciones a las que estaban sometidos (…) y dispararon con sus fusiles y carabinas, todos a la vez y a mansalva por el espacio de una hora”. Por impacto de la balacera cayeron muertos entre 400 y 300 integrantes de estas etnias, varones, mujeres, niños y ancianos. Los heridos fueron ultimados de las formas más crueles posibles, con entierros en fosas comunes. Se dejó constancia de que “Los/as sobrevivientes que pudieron escapar, atravesando los cardales, soportando el hambre, la sed, el frio, debieron esconderse durante mucho tiempo para evitar ser capturados/as y asesinados/as”.
Asimismo, en la sentencia se afirmó “como hecho probado que existió responsabilidad del Estado Nacional argentino en el proceso de planificación, ejecución y encubrimiento” de esta masacre, y se calificó a los hechos “como crímenes de lesa humanidad cometidos en el marco de un proceso de genocidio de los pueblos indígenas” en la Reducción de Napalpí con el objetivo de culminar el proceso de ocupación del territorio con la explotación en condiciones de vida deplorables. “Eran frecuentes los abusos en condiciones análogas a la esclavitud, lo que originó la protesta.
Los hechos se presentaron como un enfrentamiento entre grupos de las comunidades, con cuatro muertos, en un proceso en el que declararon sólo los efectivos y civiles que participaron en la agresión, pero ningún indígena” señala el fallo, en el que pueden leerse los ecos premonitorios de otras masacres encubiertas en “enfrenamientos”.
Finalmente, tardíamente, una sentencia de la Justicia Federal reconocía la verdad había estado siempre en las palabras en lengua mocoit, qom o wichi, que abuelas susurraban a nietos en ronda alrededor de un fogón ignoto y marginal y no en los titulares de la Historia oficial. “De algún modo toda documentación es una documentación de barbarie” afirmó el historiador qom y uno de los más activos impulsores de justicia por Napalpí Juan Chico en referencia a la ausencia de verdad histórica en los informes y documentos oficiales de la época en una entrevista que fue proyectada durante el primer día de audiencia en el juicio. Un juicio que dejó como saldo un paneo general de cómo ocurrieron los hechos desde varios ángulos y planos. El primerísimo, de la mano de sobrevivientes como Melitona Enrique, Pedro Valquinta y Rosa Chará, luego más cerca en el tiempo, el testimonio de familiares de sobrevivientes, y por último el contexto histórico y reconstrucción por parte de comunidades originarias e investigadore/as.
Cada día de audiencia fue una jornada de avance en el proceso judicial y una instancia de encuentro y acompañamiento por la heterogénea y múltiple convocatoria de parte de particulares, referentes y organizaciones sociales y políticas que impulsaron el juicio. Cabe destacar el papel del Ministerio Público representado por los fiscales Diego Vigay y Federico Carniel en el impulso a este proceso.
En 2014 la Unidad Fiscal de DDHH inició una investigación sobre la Masacre de Napalpí y en 2021 se presentó un pedido formal ante el Juzgado Federal n 1 para la realización del juicio. En julio de 2021 la zona donde ocurrieron los crímenes fue señalizada por la Secretaría de DDHH – querellante en la citada causa judicial- como sitio histórico. En 2008 el 16 de enero, el gobernador Jorge Capitanich encabezó un pedido formal de perdón a los pueblos originarios por la Masacre, en el marco del cumpleaños 107 de Melitona Enrique.
NAPALPÍ: UNA REDUCCIÓN DE LA HUMANIDAD
Los testimonios reunidos en el juicio evidencian la verdadera magnitud de una tragedia en la cual la Masacre de Napalpí es simplemente un punto culminante que describe un proceso de deshumanización clandestinizado detrás del paradigma civilizatorio. Como toda masacre no se trató de un hecho aislado, sino que se inscribe en la trama de explotación y represión a las clases populares por parte del poder económico y el brazo ejecutor del Estado en modalidad genocida.
El Chaco ya en 1924 era el primer territorio donde se cultivaba el algodón, y estaba bajo el control administrativo, social y político del Estado Nacional, en tanto aún no era provincia. El algodón era el cultivo fundamental y requería una intensa mano de obra y que esta fuera de un bajo o nulo costo aseguraba cuantiosas ganancias a los terratenientes de la época.
La reducción de aborígenes fue el método utilizado para apropiarse de esa mano de obra barata sobre la base de la explotación en condiciones de esclavitud. Los «peones rurales originarios» debían establecerse en las reducciones – barracas miserables en muy malas condiciones- y recolectar algodón a cambio de una paga que la mayoría de las veces consistía en vales, con los que poco o nada se podía comprar.
Un sistema de concentración de grupos impedidos de moverse con libertad en el territorio para evitar que la migración interna a los ingenios de Salta y Jujuy donde la paga era mejor. Un encierro que quiebra el paisaje familiar milenario, y donde el orden del tiempo se transforma.
A medida que las condiciones empeoraron y ante las promesas incumplidas los peones, originarios, pero también criollos, se organizaron para reclamar y resistir. Pero antes de dispararse el primer tiro de fusil, desde la prensa se reactivó la amenaza de un “malón” mediante la exageración de hechos aislados y esporádicos para sostener campañas intimidatorias y crear las condiciones para la represión, descalificando a las víctimas y presentándolas como victimarias.
El “Malón” de 1924 no fue otra cosa que una de las primeras protestas agrarias del siglo XX en la región. La respuesta de los mandantes terratenientes y sus mandatarios estatales fue reprimir y luego negar y ocultar el crimen.
“CIVILIZACIÓN” Y MEMORIA
Es así como el “arbeit macht frei” del “campo de trabajo” nazi de la mediados de los 40 fue entendido por años como el antecedente directo, con las particularidades del caso, de los centros clandestinos de detención organizados por el terrorismo estatal inaugurado de manera formal el 24 de marzo de 1976. Sin embargo, una veintena de años antes, ya se estaban organizando experiencias similares en los parajes chaqueños, con comunidades a las que se les negaba algo tan elemental como la propia lengua, en un proceso gradual de despojo de humanidad.
Por otra parte, el juicio implicó saldar una deuda de reconocimiento a un genocidio que durante muchos años permaneció solapado en los pliegues de la memoria colectiva, como si se tratase de un crimen de “segunda mano”, o de menor categoría en relación con otros hechos de la ya de por sí violenta historia argentina.
La Masacre de Napalpí precede a la de Margarita Belén y con ella a todo el “segundo genocidio”. Pero a la vez el proceso de Memoria Verdad y Justicia referido al terrorismo de Estado de los setenta dibuja un círculo virtuoso al oficiar de impulso y antecedente directo a la realización de este juicio. Y es que en ese avión que sobrevoló el paraje El Aguará el día de la masacre, en la matanza y tortura a trabajadores y trabajadoras que reclamaban contra una situación de esclavitud, en la persecución y hostigamiento a sobrevivientes, en la mentira y el ocultamiento, en la impunidad y en la apuesta al olvido histórico oficial se prefigura la violencia estatal y paraestatal que con el correr de los años alcanzó su máximo nivel entre 1975 y 1983.
LAS PALABRAS DE SOBREVIVIENTES
Todo este proceso inicia en las palabras de quienes sobrevivieron y de sus familiares. “No sé por qué mataron niños, grandes, mucho sufrimiento. Yo era niña pero no tan chica, por eso recuerdo. (…) En el monte comíamos algarrobo, cualquier fruto de los arboles comíamos y tomábamos agua de los cardos. Un avión arriba… tiraban bolsas desde el avión y las bolsas caían al piso y la gente iba a buscar y ahí la mataban. Duelen esas cosas... Nunca se habló de lo que pasó, recién ahora se habla…” (entrevista a Rosa Grilo, realizada en el Paraje “El Martillo” en Machagai, el 17 de noviembre de 2018 a sus 114 años, un año antes de su fallecimiento.
Salustiano Romualdo, de 84 años, nieto de Lorenza Molina; “Murieron muchos, mocovíes, y tobas. Nos querían hacer desaparecer. Nuestros hermanos fueron masacrados, pero nosotros somos sobrevivientes”.
Sabino Irigoyen, hijo de Melitona Enrique “Soy hijo de una sobreviviente, ella nos contó mucho sobre eso. La gente trabajaba en la siembra, hacían desmonte, y cortaban leña. Era mucho el sacrificio y la paga muy baja, estaban esclavizados desde que salía el sol hasta la puesta. Por ello decidieron reclamar por un aumento en el pago de su trabajo.
Hilaria Gómez hija de una sobreviviente; “Se sufría mucho la necesidad, los hacían trabajar a pulmón, por la comida. Y el día que no se trabajaba, no se comía”.
Raúl Mario Fernández, testigo familiar; “los testimonios orales de nuestros abuelos en torno a un fogón, que fueron las únicas fuentes de la Masacre”.
Miriam Esquivel, auxiliar docente, y profesora en ciencia política, que trabajó en el registro de relatos de sobrevivientes y familiares desde 2007 “Aún hoy nos discriminan por el color, por nuestra pertenencia, eso sigue latente”.
David García, docente bilingüe; “Luego de los hechos hubo una persecución posterior, muchos callaron el tema para no ser asesinados o discriminados. Costó mucho recuperar el idioma, no se transmitía de madre a hijos la lengua materna, los abuelos y padres callaron el idioma por miedo a que sus hijos sean arrebatados”.
Ramona Pinay, nieta de una sobreviviente; “Mi abuela, tuvo la suerte de disparar de esa Masacre, no tiene documento porque lo perdió al salir corriendo. Sólo me contaba lo ocurrido por la noche, cuando la acompañaba y ella fumaba su cigarro o su pipa, creo que porque yo era una chica de nueve años”. Relató además que su abuela tardó muchos años para hacer su DNI, en el año 80, porque tenía mucho miedo, le daba miedo ir a la Policía. “Mi tío tuvo que acompañarla. Queríamos que tenga una pensión o jubilación, pero no pudo, nunca tuvo nada”.
Carmen Rosa Delgado, hija de Rosa Chará; “Mi madre estaba por cumplir 11 años, vivían en familia en una chacra antes de la Reducción Napalpí. Había protestas por las condiciones de vida., pagaban con ropa usada, plata no veían, los tenían como esclavos, a sus padres y a ella de niña, trabajaban desde muy temprano hasta entrada la noche”.
Quien escribe estas líneas tuvo el privilegio de realizar la cobertura íntegra del proceso de juzgamiento al genocidio de la última dictadura cívico militar en el Chaco que se reanudara en 2010 y se extendiera hasta el presente, con más diez juicios concluidos a la fecha. En esa línea, es imposible no recordar el alegato del fiscal Jorge Auat en el juicio oral por la Masacre de Margarita Belén cuando citando a Walter Benjamin señaló que “La memoria abre expedientes que el derecho considera archivados”.
Consumado el juicio, luego de asistir a las declaraciones de sobrevivientes, todos y todas somos testigos. El papel del testigo otorga una responsabilidad: nos interpela al plantear un desafío ético a una sociedad en la que los más postergados siguen siendo los pueblos originarios, (y en ese colectivo las mujeres e infancias). De este modo el juicio permitió la articulación de una construcción de la verdad histórica cercana y de suma relevancia para nuestra identidad, originaria, chaqueña, argentina y americana.
