El tribunal es presidido por Glenda Vidarte e integrado por Lucía Casas de Sanchís y Alicia Cáceres, quienes deberán fallar en los próximos días una vez cumplida la presentación de los alegatos.
En la jornada anterior del juicio, el lunes de la semana pasada, el fiscal Jorge Gómez pidió 20 años de prisión para el imputado a raíz de la “inverosimilitud de lo manifestado por el imputado en cuanto a que de alguna manera se consideraba víctima y no victimario”, según explicó a elDIARIO de la Región. Es de esperar que el alegato de la querella solicite una pena similar. Según precisó Vianello a este matutino, los testimonios recabadas en el juicio han sido “contundentes” en la constatación de la persecución por parte de Cazal Ortiz a la familia Romero y del objetivo criminal de su ataque: “Luciana se cruzaba los brazos sobre el cuello para defenderse de las estocadas de Cazal, que dirigía su ataque con una intención clara de matar”, señaló el abogado.
En ese sentido, cabe aclarar que, según la caratula de la causa, “tentativa de femicidio”, se establece una pena de 10 a 15 años; no obstante, existen entre tres y cuatro causas que se suman a la principal, por “amenazas”, que incluyen a los padres y amigos de la víctima, y “lesiones”. “Esos hechos se imputan en concurso real y ello implica que en el mínimo y máximo se sumarán esas penas, y por ello nosotros solicitamos una pena de entre 20 a 25 años”, sostuvo Vianello.
La tarde del 1 de julio de 2016, Romero regresaba en el automóvil de su padre por 9 de Julio cuando fueron embestidos por Cazal. Presa del pánico, Luciana intentó salir del coche y correr: “Pero, fue a abrir la puerta y ya lo tenía encima. Me quería cortar el cuello, yo me daba vuelta y me hincó en la cabeza, en la espalda y en el pecho”. Su padre intentó golpearlo y forcejó por un momento, pero resbaló y fue herido a su vez Casal, que continuó su ataque, hasta transeúntes lograron calmarlo y finalmente fue reducido por la Policía.
