03/09/2018 DERECHOS HUMANOS

Torturas en la Alcaidía: pedido de medidas cautelares ante la CIDH

En el marco de las denuncias por torturas y un intento de violación por parte de agentes del Servicio Penitenciario, desde la Defensoría General de la provincia, se elevó la petición de medidas cautelares a favor de internos de la alcaidía ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

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“Durante el año 2018, murieron al menos ocho internos y resultaron heridos un número indeterminado de ellos sin que se hayan esclarecido las circunstancias de las mismas, en tanto según surge de las constancias que se acompañan (...) Las condiciones de detención en este establecimiento penitenciario incumplen sistemáticamente con la función y fines de las penas privativas de la libertad, puesto que no se proporciona un tratamiento tendiente a la readaptación social de los condenados”, así surge del documento elevado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos desde la Defensoría General de la provincia en referencia al estado de la alcaidía policial y a la que tuvo acceso elDIARIO de la Región, y en el cual se requiere un habeas corpus en defensa de un grupo de internos alojados en los pabellones N° 9, 27, 15, 31 del citado centro de detención.

En el informe, se realiza un pormenorizado detalle de “...una situación actual del sistema carcelario provincial que es altamente preocupante, no sólo por las condiciones de alojamiento, sino por las mismas condiciones de seguridad que allí se prestan tanto sea para los internos como para el personal de seguridad que debe custodiarlos (...) según lo estipula el documento, realizado por la defensora oficial Gisela Gauna Wirz  luego de una visita a la alcaidía junto con autoridades del Comité contra la Tortura (CPTCh) en la que se constataron abusos físicos a internos y condiciones de máxima insalubridad, con suciedad y deterioro generalizados”.

Toda esta cuestión, relevante por sí misma, cobra actualidad en referencia al último caso que tomó  estado público: la denuncia el 23 de agosto de un joven interno de alcaidía (con un largo historial de denuncias contra la violencia institucional), de un violento ataque contra su persona por parte de agentes del Servicio Penitenciario provincial.

Luego de indagarlos y de constar lo denunciado en el informe realizado por el jefe de la guardia médica del hospital Perrando, el fiscal en DD. HH. Daniel Turraca ordenó la detención de los seis implicados el 25 de agosto, bajo la imputación de torturas. Asimismo, desde la defensa Oficial (María Daniela Acosta Calvo) y desde el Comité Contra la Tortura y otros Tratos Crueles, una vez asumida sus respectivas querellas, imputaron por torturas pero además requirieron sumar la figura de “violación impropia” agravada. No obstante, el 28 de agosto, la jueza de Garantías Mercedes Pereyra, de modo sumamente expeditivo, ordenó la libertad de los acusados que fueron reintegrados a la alcaidía, mientras avanza el proceso. Se espera que esta semana haya novedades al respecto con la realización de una nueva audiencia.

LA DENUNCIA, RATIFICADA

Consultados sobre los hechos denunciados, varios de los internos manifestaron “su extrema preocupación debido a los últimos acontecimientos y que la mayoría de ellos habían escuchado los gritos” de la víctima y que no se trató de un “episodio aislado”, ya que hechos así se repiten a diario. También, consideraron que recrudeció la violencia después de la intervención judicial.  

"ESTADO COLAPSADO"

Volviendo al “estado colapsado” de la alcaidía según fueron las palabras de la titular del CPTCH, Ariela Álvarez, a este matutino, la petición elevada a la CIDH señala: “Es impensable aún hoy contar con un establecimiento carcelario o de detención, que no tenga medida alguna de control sobre lo que ocurre en el interior de un pabellón, donde no hay forma alguna de conocer lo que allí sucede pues no cuenta con sistema alguno de observación”.

Sobre la situación de infraestructura del edificio, el documento precisa que “fueron pocos o nulos los avances, teniendo en cuenta que para la resocialización y reeducación de los internos, así como la construcción y mejoras de los establecimientos penitenciarios (...) Así como para la construcción de dos nuevos módulos. No se tiene conocimiento que los fondos efectivamente hayan sido remitido (...) Lo que sólo produce el agravamiento de las paupérrimas condiciones tanto de la condición edilicia del establecimiento penitenciario, como de la administración de recursos que deberían destinarse a los internos”.

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