30/08/2018 DERECHOS HUMANOS
“ES LA VIOLENCIA SISTÉMICA DE UNA ESTRUCTURA COLAPSADA”

Torturas en la Alcaidía: la jueza Mercedes Pereyra ordenó la libertad de los seis agentes acusados

Ayer, tomó estado público la resolución de la jueza de Garantías Mercedes Pereyra por la cual, de modo sumamente expeditivo, ordenó la libertad de los seis agentes del Servicio Penitenciario denunciados por torturas y tentativa de violación a una interno. Desde la querella que ejerce el Comité de Prevención contra la Tortura, su presidenta, Ariela Álvarez, destacó que “más allá de la medida, el hecho existió y está acreditado” y advirtió que no se trata de un caso aislado. La semana que viene, se realizará una nueva audiencia del proceso y se esperan más novedades

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Exactamente hace una semana, un joven interno en la Alcaidía policial denunció un hecho de violencia institucional y alegó un violento ataque contra su persona por parte de agentes del Servicio Penitenciario Provincial. El sábado, el fiscal en lo Penal de derechos humanos, Daniel Turraca, realizó la toma de indagatoria de los seis agentes implicados y ordenó la imputación a los penitenciarios por el delito de torturas en calidad de coautores y dispuso su detención.

Por su parte, desde la defensa Oficial (María Daniela Acosta Calvo) y desde el Comité Contra la Tortura y otros Tratos Crueles, una vez asumida sus respectivas querellas, imputaron por torturas, pero además requirieron sumar la figura de “violación impropia” agravada. En ese sentido, cabe remarcar que elDIARIO de la Región pudo acceder a la copia de un informe realizado por el jefe de la guardia médica del hospital Perrando, Gustavo Solís, y dirigido al Servicio Penitenciario, en el que quedan plasmadas las lesiones denunciadas.

No obstante lo cual, trascendió ayer que este martes la jueza de Garantías María de las Mercedes Pereyra dispuso el la liberación de los seis acusados, quienes se reintegraron a sus funciones habituales en la Alcaidía, para atravesar el proceso en libertad, y aún más, en el lugar de los hechos que se investigan. Si bien la totalidad de los fundamentos de la magistrada serán dados a conocer la semana próxima, se descuenta que por lo expuesto, la magistrada desconoció los argumentos y pruebas aportadas por las querellas. La víctima, con un largo historial de denuncias contra la violencia institucional, sigue bajo el régimen del SP pero fue retirada de la Alcaidía a petición de su defensa oficial.

 

VIOLENCIA SISTÉMICA

Consultada por elDIARIO de la Región, la presidenta del Comité de Prevención contra la Tortura su presidenta, Ariela Álvarez, afirmó: “Se desatendió la totalidad de las pruebas, la libertad no cambia los hechos. El hecho existió y está acreditado”. Además, remarcó que no se trata de un caso aislado, que confirma “una cuestión que es sistémica”. “Se trata de una estructura colapsada de hostigamiento y maltrato permanente”, expresaron.

Otra cuestión que resultó llamativa fue la máxima celeridad desplegada por Pereyra para convocaron a la audiencia y resolver la libertad de los implicados, un oficial, tres suboficiales y dos agentes del SP. Cabe remarcar que lo habitual, incluso en procesos que versan sobre delitos con menor cuantía en las penas, retrasos de dos o tres meses en la realización de las audiencias. En este caso, fueron dos días, desde la orden de detención el sábado, hasta el primer día hábil de esta semana luego del feriado del lunes. Sucede que el caso estuvo envuelto en una fuerte presión mediática por parte de allegados al Servicio Penitenciario. En ello destacó el subsecretario de Asuntos Penitenciarios, Néstor Florentín, quien minimizó la gravedad de las lesiones, identificó con nombre y apellido a la víctima e incluso remarcó el cuadro psiquiátrico del interno, en un intento de desacreditar sus dichos.

 

OCHO MUERTES

Por último, Álvarez destacó que desde el CPTCh tienen constancia de ocho muertes en ámbito del SP en lo que va de este año, las cuales si bien se tratan en principio hechos en los cuales no medió violencia física, ya que se trató de suicidios y de una descompensación, estos hechos implican un indicio de falencias en la atención médica propio del estigma que padece la población carcelaria. No debería perderse de vista que el único derecho del que los presos han sido privados es el de la libertad, no de todos los demás, empezando por la vida y la integridad personal.   

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