10/08/2017 DERECHOS HUMANOS
DERECHOS HUMANOS

Terrorismo de Estado: falleció el exjuez Luis Córdoba

Junto con el exfiscal federal Roberto Mazzoni esperaba ser enjuiciado por su participación en crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura. Organismos de derechos humanos señalaron que el exfuncionario eludió una condena formal, pero no el procesamiento judicial y la condena social por la memoria y repudio al genocidio.

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El exjuez federal Luis Ángel Córdoba falleció el lunes a los 79 años en Buenos Aires, quien fuera magistrado esperaba ser enjuiciado por imputaciones de crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura.

Junto con exfiscal federal Roberto Mazzoni y el fallecido exsecretario de Juzgado Carlos Flores Leyes conformaron la “pata judicial” del terrorismo de Estado en la región. A Córdoba se le imputaba el rechazo sistemático de las acciones de hábeas corpus planteadas por los detenidos políticos y la cobertura formal destinada a legalizar como allanamientos conforme a derecho los secuestros y los interrogatorios bajo tortura que se realizaron en el marco del plan de exterminio contra opositores políticos y sociales al gobierno de facto.

En el requerimiento de elevación a juicio, los fiscales Patricio Sabadini y Diego Vigay describieron la conducta de Córdoba y Mazzoni como "aporte sustancial" al terrorismo de Estado, a través de la impunidad otorgada al accionar delictivo del resto de los integrantes de la asociación ilícita. Los fiscales señalaron que ese aporte se tradujo en el rechazo sistemático de las acciones de hábeas corpus presentadas por las víctimas, en la omisión de dar trámite a las denuncias de torturas y en su actuación ante allanamientos ilegales.

PROCESADO

Córdoba falleció a consecuencia de una dolencia que lo aquejaba desde hace algunos años y por lo cual se encontraba con prisión domiciliaria en su casa de Tres de Febrero, Provincia de Buenos Aires, esperando que se inicie el debate oral donde sería juzgado. El funcionario había sido detenido en 2012 y estuvo alojado dos años en la Prisión Regional del Norte U7, para continuar luego su detención en su domicilio por razones graves de salud.

Se encontraba procesado junto al exfiscal Federal Roberto Mazzoni -detenido actualmente en la U7- por distintos crímenes cometidos contra exdetenidos políticos que estuvieron en el Centro Clandestino de la Brigada de Investigaciones. 

Otros dos funcionarios también habían sido imputados pero también fallecieron en el trámite del proceso, como el exfiscal Eduardo Flores Leyes y el escribiente Domingo Resca.

CONDENA SOCIAL

Desde los organismos de DD. HH. que integran la Comisión Provincial por la Memoria señalaron que si bien Córdoba eludió una condena formal, se encontraba procesado, luego de haber pasado por una detención en presidio, y en ejercicio de una domiciliaria por obvias razones de salud y edad: “La impunidad biológica fue lo único que le permitió no ser condenado, murió procesado por sus crímenes, a las puertas mismas del inicio del juicio, y con el repudio y la condena social por parte de todos aquellos que creen que construir sobre la base de la Justicia, la Memoria y los Derechos Humanos”, señalaron.

CÓMO SIGUE EL JUICIO

Fallecido Córdoba, la nómina de imputados queda conformada por ex fiscal Mazzoni y el ex Jefe de Guardia de la Cárcel U7, Pablo Casco. Luego de una serie de excusaciones de distintos jueces designados por haber sido con anterioridad parte en el juicio Caballero I, se logró conformar el Tribunal, que será integrado por los Juan Manuel Iglesias, Eduardo Belforte y Selva Spessot. Cumplida la etapa de ofrecimiento de prueba, ya sólo resta que el tribunal fije fecha de inicio del juicio.

Según el requerimiento de elevación a juicio de la fiscalía, el accionar de los imputados se tradujo en la impunidad otorgada al accionar delictivo de los grupos de tareas de la Brigada de Investigaciones y oficiales del Ejercito del Área de Inteligencia: “A  la estructura creada por las Fuerzas Armadas y de seguridad destinada a la represión de militantes políticos, se agregó la falta de respuesta por parte de quienes se encontraban obligados por la función que detentaban, de investigar dentro del ámbito de la Justicia Federal de Chaco, en los habeas corpus interpuestos por los familiares de las víctimas y más precisamente ante las distintas denuncias que realizaban los perseguidos políticos al momento de prestar declaración indagatoria, justificándose que sólo podían intervenir si el defensor de cada uno de ellos hiciere la presentación correspondiente, y que, por otro lado, tampoco no podían instar a nadie a que haga las respectivas denuncias”.

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