Mientras el juicio oral denominado Caballero II, por torturas en la Ex Brigada de Investigaciones avanza hacia su etapa definitoria, con la culminación de las testimoniales programada para agosto, resta poco para el inicio de otro debate oral de juzgamiento al terrorismo de Estado perpetrado por la última dictadura cívico militar en la región.
Se trata de la Causa Ligas Agrarias, sobre el plan de exterminio de pequeños productores rurales del interior provincial que se organizaron en las Ligas Agrarias, para hacerle frente a la especulación con el precio del algodón por parte de los grandes monopolios como la multinacional Bunge y Born, y que fueron “barridos” del mapa en sendos operativos del Ejército y Policía, con cientos de militantes de base secuestrados, sometidos a torturas y vejámenes y encarcelados.
Pese a todo, fueron los más afortunados; prácticamente la totalidad de los dirigentes de la organización fueron desaparecidos, o bien emboscados y asesinados y el crimen simulado en supuestos “enfrentamientos”, al modo de la Masacre de Margarita Belén.
Todo ello podrá ser ventilado en el juicio, luego de la presentación de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía Federal del requerimiento de elevación a instancia de debate oral, con imputaciones al exteniente coronel del Ejército, José Tadeo Betolli, al agente de Policía Miguel Antonio González, y sus pares Carlos Chávez y Alcides Sanfenraiter junto al excomisario José Francisco Rodríguez Valiente y el comisario general Eduardo Wischnivetzky.
Los primeros cuatro están procesados por el homicidio agravado de los referentes Ñaró Gómez Estigarribia y Carlos Piccoli. A Rodríguez Valiente, oficial sumariante de la Brigada de Investigaciones y reputado como presente en casi todas las sesiones de tortura en la que se obtenían declaraciones falsas, o bajo tormento, se le imputa el delito de encubrimiento de ambos homicidios con la acción de fraguar un supuestos enfrentamientos.
A Wischnivetzky se le imputa la privación ilegal de la libertad y tormentos de tres trabajadores rurales. Tanto Bettolli como Rodríguez Valiente han sido condenados en la Causa Caballero I y están siendo procesados en la actualidad por otros hechos en la continuación de la citada causa.
EJECUTADOS
Según la versión oficial, tanto Gómez Estigarrribia como Piccoli fallecieron en enfrentamientos con fuerzas de seguridad; así quedó registrado en los sumarios policiales incorporados a un expediente de la Justicia federal de la época. Sin embargo, la investigación, el procesamiento, la confirmación del mismo y ahora la elevación a juicio presentada por los fiscales indica que, en ambos casos, los dirigentes habrían sido ejecutados.
Gómez Estigarribia, dirigente rural y docente, era buscado intensamente desde 1975 por las Fuerzas Armadas, debido a su activa participación y militancia. El 12 de febrero de 1977, había organizado una reunión en una casa en Corzuela, sobre la que tomó conocimiento el oficial de inteligencia del Ejército Bettolli, quien operaba en la zona en la persecución de la organización y montó un operativo para tenderle una emboscada.
LA EMBOSCADA
Para ello, el Ejército y la Policía de Chaco habían dejado la luz prendida del exterior de la casa y se aseguraron de que Gómez Estigarribia no pudiera ingresar. Así quedó expuesto: fue atacado al llegar al lugar, con disparos de arma de fuego de los integrantes de la patota conjunta, lo que le provocó, según la autopsia policial, al menos tres heridas en el tórax, la pierna izquierda y una mano.
Un testigo, que trasladó a Gómez Estigarribia, había asegurado que estaba desarmado, ya que habían viajado por la ruta y debían sortear los controles policiales sin correr riesgos. Sin embargo, a los familiares se les entregó un certificado de defunción del Registro Civil –adjuntado en el expediente judicial– que certificaba falsamente que el referente agrario había fallecido en un accidente, en Resistencia.
Por su parte, Piccoli debió exiliarse en España por la persecución que sufría desde 1975. En 1979, regresó a Chaco y a la militancia junto a Armando Molina –quien permanece desaparecido–, para abocarse a la reconstrucción de las Ligas Agrarias, a través de la visita y el diálogo con pequeños productores, así como la entrega de volantes que promovían el regreso de la democracia, siempre desde la clandestinidad, en resguardo de su vida.
En las primeras horas del 22 de abril del 79, Piccoli se trasladaba en bicicleta por un camino vecinal del paraje Pampa Florida de la zona rural de Sáenz Peña, cuando fue sorprendido por un retén policial, integrado por dos agentes armados con un fusil FAL y una pistola ametralladora PAM 3, donde finalmente fue asesinado.
En ambos casos fue concluyente el Informe del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) que examinó los restos óseos exhumados de las víctimas, aportando precisiones e indicios de reconstrucción de cómo fue la mecánica de los hechos de acuerdo a distintas heridas que impactaran en la estructura ósea y que se integra y complementa con el resto del material probatorio.
WISCHNIVETZKY,
POR TORTURAS
Por último, la acusación que pesa sobre Wischnivetzky está enmarcada en crímenes de lesa humanidad que sufrieron los pobladores rurales y pequeños productores del interior del Chaco, relacionados con la persecución a militantes de Ligas Agrarias.
En ese contexto, el entonces comisario de Villa Ángela comandó secuestros y torturas a integrantes de la organización campesina, ocurridos en la localidad de Villa Berthet, el 30 de agosto de 1976.
Los productores fueron apresados de manera ilegal en la zona rural de Villa Berthet y torturados para sacarles información sobre las Ligas y, en particular, sobre Hugo Voucouber y Secundino Taco Vallejos, dirigentes de esa organización que eran buscados y que permanecen desaparecidos.
A la par de distintos testimonios que ubicaron a Wischnivezjy dirigiendo dicho operativo se encontró documentación de la época certificando la presencia del comisario en el lugar en la fecha de los hechos.
