El miércoles, se cumplirán 46 años de la histórica jornada en la que 5.000 trabadores rurales, pequeños y medianos productores algodoneros se convocaron en el primer Cabildo Abierto del Agro, en Sáenz Peña, para hacerle frente a la especulación con el precio del algodón por parte de los grandes monopolios como la multinacional Bunge y Born, dando inicio a uno de los movimientos sociales campesinos más fuertes y de mayor despliegue en el nordeste desde fines de la década del 60 hasta mediados de los 70.
Esta iniciativa por la organización mancomunada de las bases rurales del interior provincial implicó del interior provincial la más formidable reversión de la injusta distribución de la renta agrícola en la región.
Como no podía ser de otro modo, esta “apuesta” por la justicia social tuvo un costo altísimo luego del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976: los liguistas fueron “barridos” del mapa en sendos operativos del Ejército y la Policía, con cientos de militantes de base secuestrados, sometidos a torturas y vejámenes y encarcelados y varios dirigentes, asesinados y desparecidos.
Por todo ello, este viernes 16 tendrá lugar en el Aula Magna de la Universidad del Chaco Austral desde las 9.30 h una actividad de homenaje. Para ese día están programadas varias actividades, como el descubrimiento de una placa conmemorativa, charlas alusivas, y homenaje por parte de la Cámara de Diputados. También se presentará el libro “Ligas Agrarias, breves historias del Chaco”, del histórico dirigente liguista Osvaldo Lovey, con narraciones inéditas de hechos que ocurrieron en aquella época, “intento reflejar con veracidad los hechos como se produjeron en esa época” según comentó.
Cabe destacar que los problemas de la producción algodonera, si bien eran de antigua data, son puestos en un nivel superior gracias al accionar de las Ligas. Los distintos sectores sociales y económicos debatían los precios de las cosechas, el fondo algodonero, la exportación, el consumo de fibra en el mercado local, la creación de sindicatos para los trabajadores rurales, el acceso a créditos y el fomento del cooperativismo, entre otros puntos.
JUICIO Y CASTIGO
POR LIGAS AGRARIAS
Luego de las 11 condenas por altas penas el 31 de mayo a los genocidas imputados en el proceso denominado “Caballero II”, por torturas en la ex Brigada de Investigaciones, la causa Ligas Agrarias es el otro pleito judicial de envergadura en la región. “La índole de los delitos que han cometido, que fueron aberrantes y atroces, demuestran la voluntad de perpetrarlos, pues ninguna persona puede confundirse respecto de delitos tan inequívocos como el secuestro, los tratos inhumanos y crueles de los recluidos, la aplicación de torturas, que incluyeron violaciones, los homicidios seguidos del ocultamiento o destrucción de los cuerpos y el apropiamiento de los hijos de sus víctimas”, puede leerse en el requerimiento de elevación a juicio oral de la Fiscalía Federal.
Las víctimas de los operativos son los militantes Carlos Servando Piccoli, Raúl Eduardo Gómez Estigarribia Santos Britez, Hipólito Britez y Modesto Meza. Piccoli y Estigarribia, dirigentes de Ligas, fueron emboscados y ejecutados en un hecho que luego fue presentado por la represión como un enfrentamiento. Carlos Oriansky fue otro gran dirigente liguista, también víctima de persecución: “Lo subieron a un helicóptero en el que iba (el coronel Jorge) Larrateguy y nunca más se supo nada de él”, relató un testigo en uno de los debates de la Causa Caballero II.
Una de las hipótesis que se manejan es que podría haber sido lanzado desde el aire a zonas del monte chaqueño prácticamente infranqueables. Oriansky permanece desaparecido desde octubre de 1976.
Luis Fleitas, Horacio Vocouber, Juan Sokol, Alicia López, Pedro Morel, Sara Ayala también integraron las Ligas y corrieron igual suerte, manos de los verdugos genocidas.
El caso Estigarribia y otros serán ventilados en el juicio oral venidero, con imputaciones al exteniente coronel del Ejército, José Tadeo Betolli, al agente de Policía Miguel Antonio González, a sus pares Carlos Chávez y Alcides Sanfenraiter junto al excomisario José Francisco Rodríguez Valiente y el comisario general Eduardo Wischnivetzky.
Los primeros cuatro están procesados por el homicidio agravado del nombrado Estigarribia y de Carlos Piccoli. A Rodríguez Valiente, oficial sumariante de la Brigada de Investigaciones y reputado como presente en casi todas las sesiones de tortura en la que se obtenían declaraciones falsas, o bajo tormento, se le imputa el delito de encubrimiento de ambos homicidios con la acción de fraguar un supuestos enfrentamientos. A Wischnivetzky se le imputa la privación ilegal de la libertad y tormentos de tres trabajadores rurales. Tanto Bettolli como Rodríguez Valiente han sido condenados en la causa Caballero I y están siendo procesados en la actualidad por otros hechos en la continuación de la citada causa.
