30/08/2018 DERECHOS HUMANOS
COMUNICADO DE LA "RED EN SALUD MENTAL ENTRE LÍNEAS"

Repudio al “desmantelamiento del Gobierno nacional en Salud Mental”

Desde la entidad manifestaron su rechazo al accionar de la Dirección Nacional de Salud Mental en referencia a la deuda de 6 meses en el pago de haberes a 88 integrantes del área en las provincias de Chaco, Corrientes, Misiones, Jujuy y Entre Ríos, y asimismo a la notificación vía whats app de la posibilidad de despedirlos. Plantean que se trata de una política “sistematizada de violación de derechos humanos, colocando a todo el territorio nacional y a nuestra provincia en particular en una situación de emergencia en salud mental y adicciones”.

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A continuación, el comunicado; “Desde la RED ENTRELINEAS repudia el accionar del Gobierno Nacional y en particular de la Dirección Nacional de Salud Mental que desde esta gestión de gobierno viene produciendo una práctica sistematizada de violación de derechos humanos, colocando a todo el territorio nacional y a nuestra provincia en particular en una situación de emergencia en salud mental y adicciones.

Hemos tomado conocimiento de la deuda de pago de 6 meses a 88 trabajadores de salud mental de las provincias de Chaco, Corrientes, Misiones, Jujuy y Entre Ríos, y de la notificación vía wasap de la posibilidad de despedirlos.

Para los trabajadores se trata de una vulneración de sus derechos laborales, precarización laboral, falta de pago, condiciones indignas de trabajo. Esta situación perversa implica un triple impacto: el impacto subjetivo como personas, el impacto en el desempeño de sus tareas como profesionales, y el impacto en la población con la que trabajan. Un trabajador de salud mental y adicciones en atención primaria de la salud, trabaja con la complejidad de problemas subjetivos y sociales graves, el desmantelamiento de los programas rompe la redes construidas y la eliminación de la asistencia en salud mental va a producir situaciones de vulnerabilidad aún mayores de las que vive la provincia, provocando situaciones de riesgo de vida por no tener acceso a los servicios fundamentales de salud. La salud mental es un proceso que se afecta cuando hay violaciones de derecho, cuando al equilibrio de vida de una persona se le cercena el libre disfrute de sus capacidades y de la vida en relación, eso lo convierte en uno de los problemas más complejos en una agenda de salud. La gravedad de la salud mental, justamente, tiene que ver con el nivel de amplitud de las respuestas que demanda: padecimientos mentales, adicciones, abuso sexual, violencia de género, niñas niños y adolescentes, tercera edad, comunidad indígena, contextos de encierro, Por eso el abordaje debe ser en territorio, interdisciplinario e intersectorial.

Vulnerar el derecho al trabajo es atentar directamente contra la salud y la salud mental de la comunidad. Sin recursos no hay ley que pueda aplicarse.

Los trabajadores de la salud mental venimos siendo atacados en nuestra profesionalidad y especificidad hace ya un tiempo por este gobierno. Con los desmantelamientos del trabajo territorial, achicando presupuestos y recursos, centralizando la atención asistencialista desde una práctica desbordante, promoviendo la apertura de privados, provocando desconfianza en el trabajador del sector público, pretendiendo desvalorizar las profesiones no médicas, implementando la CUS, la reforma de las actividades reservadas al título del psicólogo, el cierre de las universidades públicas, los intentos de derogar el art 4 de la ley sobre adicciones. En estas condiciones no solo se atenta contra el profesionalismo, la especificidad de los profesionales, y  la calidad de sus servicios, sino que además nos  en una encerrona ética gravísima: así es imposible cumplir con la responsabilidad de aplicar la ley d salud mental en la integralidad paradigmática que significa, y en los deberes que nos confiere para el ejercicio de nuestra profesión desde el respeto de los derechos de los usuarios-

Defendemos el trabajo en atención primaria, esta demostrado que los abordajes comunitarios y en territorio permiten sostener los vínculos familiares y afectivos, fortaleciendo los espacios barriales, incluyendo la educación y el trabajo. Promueven la integración social y la solidaridad comunitaria, previenen internaciones, previenen detenciones policiales por problemas de salud mental, crean redes para urgencias ambulatorias. Entre otras cosas.

•             Defendemos la salud pública, igualitaria y gratuita.

•             Defendemos las universidades públicas.

•             Defendemos nuestras profesiones y disciplinas, la interdisciplina y la intersectorialidad.

•             Trabajamos por la plena implementación de la ley 26657.

•             Repudiamos la CUS.

•             Exigimos que no se efectivicen estos despidos, que se paguen las deudas contraídas con los trabajadores y que el gobierno nacional y el gobierno provincial garanticen los recursos humanos y materiales para la plena implementación de la ley de salud mental.

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