La Defensoría del Pueblo de Chaco, a cargo de Gustavo Corregido, emitió una recomendación reiteratoria al Ministerio del Desarrollo Social de la Nación para que asegure la asistencia sanitaria, alimentaria y de agua potable a los pobladores de las localidades indígenas comprendidas en la medida cautelar dispuesta por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en 2007, que aún sigue vigente. Además por segunda vez remarcó que es necesario ampliar el número de familias beneficiaras y reforzar la asistencia conforme las consecuencias que dejó el último temporal en la zona.
En el informe remitido por el ombudsman, se señala que la situación de las familias empeoró en enero durante el intenso y prolongado temporal que sumergió a El Impenetrable y alrededores. “El 31 de enero la última ráfaga de lluvia en el Interfluvio Teuco – Bermejito elevó aún más los niveles de inundación en parajes cuyo epicentro es la localidad de El Espinillo y afectó las picadas y los caminos tornándolos intransitables”, describió Corregido.
También señaló que el 21 de junio de 2017 se remitió a la Defensoría del Pueblo de Nación un censo sobre las familias de Pampa del Indio que no reciben el beneficio del módulo alimentario y, en virtud de ese censo, en el inicio del segundo semestre del año pasado se pidió ampliar el beneficio acorde con el nuevo número de familias en la localidad y de Villa Río Bermejito. A la fecha no hubo respuesta a ese pedido y tampoco se cumplió con la asistencia por lo que el ombudsman chaqueño también puso en conocimiento del defensor del Pueblo de Nación las denuncias actuales.
La medida cautelar de la Corte Suprema de Justicia de la Nación abarca el sudeste del Departamento General Güemes y el noreste del Departamento Libertador General San Martín. Corregido sostiene que el alto nivel de precipitaciones en esa región implicó el colapso del sistema social, sanitario, educativo y fundamentalmente el de asistencia estatal.
Por ello recordó que la medida cautelar exige al ministerio nacional asegurar el suministro de agua potable, alimentación y atención médica. Sin embargo, señaló que las comunidades involucradas realizaron denuncias que advierten sobre “un apartamiento de lo dispuesto por la Justicia, lo que deja a los afectados sin asistencia”.
“Como Instituto del Defensor del Pueblo detectamos en terreno la vulneración de los derechos de los pueblos originarios, por eso exigimos la aplicación del marco normativo provincial, nacional e internacional para resguardar el desarrollo de las comunidades. El gobierno nacional debe cumplir con la asistencia y eso vamos a seguir exigiéndolo ante el máximo tribunal”, sostuvo.
