El Gobierno a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) de publicación inminente que incluirá un extenso abanico de medidas bajo la premisa de "desburocratización del Estado". En ese contexto, remplazará parte de los postulados que estaban previstos en el proyecto de ley de reforma laboral.
La medida, contempla una modificación integral de la Ley 26.940 sancionada por la administración anterior y que creó el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (Repsal). El cambio prevé una reducción de las multas dinerarias establecidas en el régimen y también de los tiempos de permanencia de las compañías inspeccionadas dentro del registro, considerado una suerte de "veraz laboral". En la actualidad hay 22 mil empresas incorporadas en ese registro.
En el Ministerio de Trabajo justificaron la relajación de los parámetros del Repsal en la necesidad de facilitarles a las empresas una vuelta a la normalidad lo antes posible una vez saldada su deuda de aportes y contribuciones por haber mantenido personal no registrado. La Ley 26.940 que alumbró el sistema vigente estipula que las compañías sancionadas no pueden "acceder a programas, acciones asistenciales o de fomento, beneficios o subsidios administrados, implementados o financiados por el Estado nacional, líneas de crédito otorgadas por bancos públicos", celebrar contratos de diversa índole ni participar de concesiones o acceder a beneficios económicos de parte del sector público.
Cerca del ministro Jorge Triaca alegaron que las condiciones previstas en el Repsal habían derivado en una suerte de parálisis de las inspecciones del trabajo por considerar que la inclusión en el registro podía significar una suerte de condena al estancamiento o incluso quebranto de las compañías incluidas. En la actual gestión la inspección laboral alcanzó las 100 mil empresas y unos 400 mil trabajadores. La proporción de infracciones llegó a una cuarta parte de los empleados, con una con una tasa de formalización del 70 por ciento.
Según los funcionarios, suavizar las multas y cepos contemplados en el Repsal permitiría relanzar las inspecciones, multiplicarlas y obtener, eventualmente, una mayor propensión al cobro de multas y formalización de asalariados dentro del Plan Nacional de Regularización del Trabajo (PNRT). A la par de la reducción de multas y tiempos de permanencia el decreto que publicará el Ejecutivo aumentará las sanciones para los casos de empleadores reincidentes.
