Diez días sin poder trabajar. “Suspensión de operaciones” es el eufemismo elegido por el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) para disponer la paralización de la planta mediante el retiro de una matrícula y generar incertidumbres e interrogantes a unos 300 trabajadores de las dos cooperativas cárnicas que cuenta la provincia.
Y, en el complejo contexto nacional que mira de soslayo todo lo autogestionado y no tiene reparos en recortar derechos o hacer aún más cuesta arriba la labor obrera, lo que queda es buscar que la Justicia ponga un freno.
Para ello, se espera que representantes legales de las dos cooperativas (Unidos Resistencia y CTC Vilelas) presenten hoy en el Juzgado Federal a cargo de Zunilda Niremperger un recurso de amparo y una medida cautelar para que se deje sin efecto la resolución del INAES hasta resolver la cuestión de fondo y que en práctica significaría la posibilidad de volver a operar.
“Hay un planteo de que estamos frente a la violación del derecho a defensa, no da a las cooperativas la posibilidad de ser oídas, porque el INAES de forma unilateral e intempestiva aplica una sanción que causa un daño de magnitud a estas organizaciones”, sostuvo a elDIARIO de la Región el abogado de Unidos Resistencia, Alejandro Quirós.
Desde una mirada más política que administrativa, el letrado señaló que la decisión del organismo nacional se ajusta a lo que cree una serie de medidas que “implican el deterioro del Estado de Derecho, se está dando un avance arrollador mediante la violación de garantías constitucionales”.
PRIMERO CASTIGAN
Y LUEGO PREGUNTAN
A su turno, el presidente de la cooperativa Unidos Resistencia, Luis Sotelo, reiteró que estas acciones se inscriben en una serie de requerimientos de esferas nacionales que tienen como primer objetivo hacer más compleja la labor de cooperativas en el sector cárnico o directamente sacarlas de mercado.
“Tuvimos inspecciones en diciembre de la AFIP, nos ajustamos a los que pedían y ahora otra vez con esto, no estamos en contra de establecer controles porque hay empresarios que, enmascarados en la figura de cooperativas, obtienen enormes ingresos de forma desleal, pero acá somos un grupo de trabajadores a los cuales primero se los declara culpables, se los condena, y después nosotros debemos juntar las pruebas para demostrar la inocencia”, señaló.
Siempre que se habla de números, cabe la posibilidad de que más que exactitudes se den rangos o segmentos de cifras, y para dimensionar el impacto de la paralización de los dos frigoríficos, puede decirse que este bloque impide que dejen de faenarse 140 animales por día y miles de kilos que no ingresan al mercado del Gran Resistencia.
“En números de trabajadores, representamos más que 10 frigoríficos del interior, hay un daño de un impacto muy grande”, explicó.
En cómo afecta la situación a la cooperativa Unidos, sostuvo que la organización debió echar mano a fondos que tenían para atender contingencias y que además cambia los planes respecto de intenciones de mejoras de ingreso.
“Teníamos pensado que si superábamos un objetivo de faena que nos habíamos impuesto estábamos en condiciones de mejorar nuestros ingresos, pero esta situación nos tira para atrás cualquier decisión en este sentido”, finalizó Sotelo.
