“Resuelvo no hacer lugar a la solicitud de prisión domiciliaria de Horacio Losito, debiendo mantenerse sus actuales condiciones de detención”. Así lo dispuso el juez federal Juan Manuel Iglesias, en una resolución del martes que trascendió ayer, y en la cual rechazó el pedido presentado por la defensa del exmilitar, implicado en hechos emblemáticos del terrorismo de Estado en la región. Por ello, Losito, de 67 años, continuará alojado en el penal de Instituto Penal Federal “Campo de Mayo” (U-34) en cumplimiento de las dos condenas que pesan sobre su humanidad.
Según la resolución judicial, que fue consultada por elDIARIO de la Región, los informes de médicos forenses de la Justicia nacional y los representantes del Servicio Penitenciarios indican que las patologías que presenta Horacio Losito “se encuentran con el debido abordaje desde el punto de vista clínico y psicológico” y el exmilitar “recibe controles periódicos para su patología cardíaca, chequeos para su afección traumatológica por médicos especialistas, dieta adecuada para su patología de base y administración de la medicación establecida en tiempo y forma” .
Además, se subraya que ante posibles complicaciones existe una guardia médica de 24 horas todo el año con profesionales de la salud capacitados para resolver cualquier emergencia e incluso una ambulancia apostada en el playón de la unidad penal, de uso exclusivo para el traslado de los internos al Hospital Militar Campo de Mayo. Cabe remarcar que se trata de una situación de privilegio, si se compara el estado de la mayoría de las cárceles del país.
UN JEFE
Losito llegó a teniente coronel del Ejército, nacido el 3 de agosto de 1951 en Capital Federal. Durante la última dictadura, operaba en Chaco y Corrientes trabajando en el Área de Inteligencia. En la vecina provincia fue condenado a 25 años de prisión por crímenes de lesa humanidad cometidos en el ex Regimiento de Infantería 9 (RI 9) en 2008.
El 16 de mayo de 2011, fue condenado a prisión perpetua por su papel como uno de los ejecutores directos de la Masacre de Margarita Belén, en un “enfrentamiento” contra detenidos y detenidas por razones políticas maniatados y en estado terminal luego de un suplicio de varias horas durante la noche del 12 de diciembre en el comedor de la Alcaidía Policial de Chaco. Durante los años de impunidad, Losito llegó a ser militar en la Embajada de Argentina en Roma (Italia), desde donde fue obligado a volver al país por el expresidente Néstor Kirchner, tras una valiente carta de la exdetenida política Mirta Clara, compañera de Néstor Sala, uno de los fusilados aquel 13 de diciembre de 1976 en la ruta 11.
Del grupo de militares juzgados en el histórico proceso realizado en el TOF de Resistencia, Losito descolló por su carisma sobre la base de su historial en Malvinas y el enfrentamiento de “Top Malo Hause” -donde lo hiere una descarga de granada en la cabeza y un disparo en la pierna y sigue disparando hasta que se desmaya por la pérdida de sangre-. Durante los debates, se la pasó trajeado y en posición de firme, a veces de pie, gesticulando y “bajando línea” a los abogados que lo asistían o a sus compañeros de juicio.
La última novedad sobre su persona antes de esta denegatoria fue a principios de 2018; obtuvo un diploma de abogado en la Universidad de Salta en Buenos Aires. A la fecha, no pronunció palabra respecto del destino final de varias de sus víctimas desaparecidas.
IMPUNIDAD BIOLÓGICA
La cuestión no es menor; ante el panorama de retracción en el proceso de memoria, verdad y justicia iniciado luego del advenimiento del macrismo en el Poder Ejecutivo y el giro a la derecha de buena parte del Poder Judicial, muchos genocidas condenados han encarado la vía del reclamo por supuestas razones de salud o mayoría de edad para evadir el cumplimiento efectivo de las condenas, en una suerte de “impunidad biológica”.
El caso más sonado en el orden local es el del policía Gabino Manader, verdadero militante de la picana y violación a detenidas, con rango de suboficial en el escalafón formal, pero un verdadero jefe de la “patota” de verdugos que operó en la Brigada de Investigaciones chaqueña. Fue condenado a 25 años de prisión por torturas en 2010, y con otra condena a cuestas por más torturas, violaciones y desapariciones forzadas el 31 de mayo último.
No obstante, desde el 2 de febrero de 2017, Manader “cumple condena” en la comodidad de su hogar en base a una resolución del mismo magistrado, Iglesias, que concedió el privilegio sobre la base de un informe sanitario del Servicio Penitenciario de la U7, pero no tuvo en cuenta lo informado por el Cuerpo Médico de peritos de la Corte Suprema de la Nación que dictaminó que Manader podía seguir tratamiento en la cárcel U7.
Pese a las apelaciones por parte de los fiscales, y al reclamo de organismos de derechos humanos, a la fecha Manader continúa bajo el régimen de domiciliaria.
