14/01/2018 DERECHOS HUMANOS

Por una salud mental acorde con el paradigma de derechos humanos

​Integrantes del Órgano de Revisión de Salud Mental mantuvieron una reunión con autoridades del Ejecutivo provincial para avanzar en la implementación de políticas públicas sobre el tema. Se planteó la necesidad de un enfoque respetuoso de los derechos y garantías de los usuarios, en sintonía con la nueva ley nacional, en contraposición con el proyecto de decreto reglamentario, que reinstala la concepción biologicista y el modelo tutelar.

img La ley establece 2020 como límite al cierre de manicomios.

Si bien no ocupa la primera plana de los diarios ni tiene el protagonismo de los ajustes en Economía o Educación, la salud mental también adolece de una sensible retracción respecto del cambio de paradigma que implicó la última ley nacional en la materia (N° 26.657), sancionada en 2010.

A mediados de noviembre, se conoció un borrador que marcó el estado de alerta. El proyecto de reforma de la ley por decreto fue impulsado por la Dirección Nacional de Salud Mental y su vigencia alteraría esencialmente el espíritu mismo de la norma. Se cambia la concepción del sujeto con algún padecimiento mental y se lo vuelve a los lugares comunes relacionados a la incapacidad y hasta a la peligrosidad.

El decreto finalmente no fue firmado por el presidente, Mauricio Macri, y su ministro de Salud, Adolfo Rubinstein, se comprometió públicamente a revisar el texto convocando a los distintos actores involucrados en el tema. Por ello, es que usuarios, sus familias, profesionales en la materia y organizaciones sociales vienen reclamando por defensa del espíritu original de la ley y contra el vaciamiento institucional de la salud mental.

CHACO

En ese marco, se realizó a mediados de la semana una reunión del Órgano de Revisión de Salud Mental con el ministro de Salud Pública, Zapico, y el subsecretario de Promoción, Merlo, para informar sobre la situación de salud mental en la provincia, solicitar la reforma del decreto N° 1967/17 adecuándolo a las normativas vigentes y manifestar la preocupación de que las políticas en salud mental estén en la agenda de gobierno.

Se acordó en que el Órgano elaboraría conjuntamente con la Dirección de Salud Mental una agenda de prioridades y puntos a trabajar para presentar a Merlo.

La entidad viene planteado su preocupación ante el decreto N° 1967/17, que plantea una Dirección de Salud Mental “desde el modelo médico, sostenido por un paradigma contrario a las legislaciones vigentes y normativas internacionales de carácter constitucional. Este decreto establece como responsabilidad primaria de la dirección de salud mental el abordaje medico social y como primera acción la atención psiquiátrica, entre otros puntos”, según precisaron.

SALUD MENTAL Y

DERECHOS HUMANOS

La Ley de Salud Mental entró en vigencia luego de un largo período de debate parlamentario, fue votada por unanimidad por diputados y senadores del Congreso de la Nación y reconocida mundialmente por sus avances en el abordaje y la protección de los derechos de las personas con padecimiento psíquico. La ley establece 2020 como límite al cierre de manicomios.

Cabe remarcar que el proyecto de decreto cuestionado modifica la concepción de la salud mental, definida por la ley como un “proceso multideterminado por componentes históricos, socio-económicos, culturales, biológicos y psicológicos”, cambiando su sentido y recolocando como concepto central el “estado de bienestar y de alteración en el comportamiento”, eliminando los múltiples determinantes. Avanza sobre una concepción biologista y de “prácticas fundadas en evidencia científica”, desdibujando los componentes interdisciplinarios e intersectoriales.

También, reduce el concepto de padecimiento psíquico al concepto de trastorno mental, este último con característica biologicista, individualizante, prescindente de los determinantes culturales, políticos, económicas y sociales. Esta transformación tiende a la institucionalización de procesos medicalizadores – farmacologizadores.

Además, reinstala a la institución monovalente como instancia de tratamiento, redefiniéndola como “hospitales especializados en psiquiatría y salud mental” y admite el aislamiento pleno de personas, a quienes vuelve a considerar “enfermos”. En esta misma línea, para el tratamiento de personas con uso problemático de drogas, reinstala la “comunidad terapéutica cerrada”.

 

 

 

 

 

 

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