12/11/2017 EL PAÍS

Por decreto, buscan modificar la Ley de Salud Mental

El viernes pasado se conoció un proyecto de reforma por decreto reglamentario de la Ley Nacional de Salud Mental impulsado por la Dirección Nacional de Salud Mental, que se encuentra en este momento esperando la firma del Presidente de la Nación.

img

Este proyecto atenta contra el espíritu que la ley, valorada como modelo por los organismos internacionales de protección de derechos humanos: busca inscribir el cuidado de la salud mental en el marco de los Derechos Humanos, la salud colectiva y la reivindicación de las voces de los usuarios. El cambio por decreto, afirman desde las organizaciones de profesionales y usuarios, fue pergeñado a espaldas de la opinión de los equipos de salud, las organizaciones y todas las personas afectadas, publicó el diario Página 12.

En respuesta al proyecto de decreto reglamentario, el CELS publicó un comunicado en el que se alerta sobre los retrocesos que éste significa. Una de las principales críticas es que el proyecto modifica “la concepción de la salud mental” que la ley sancionada en 2010 considera como un “proceso multidterminado por componentes históricos, socio económicos, culturales, biológicos y psicológicos”, y en su lugar “reinstala el modelo médico hegemónico de perspectiva biologicista que resultó insuficiente para un tratamiento integral de los padecimientos mentales”. Esta mirada da lugar exclusivamente a las “prácticas fundadas en evidencia científica” y atenta abiertamente contra la interdisciplina, que es uno de los ejes fundamentales de la Ley de Salud Mental, es decir, contra los aportes de disciplinas “como la terapia ocupacional, la musicoterapia, el arte, la enfermería, la psicología, los acompañamientos terapéuticos y el trabajo social”.

Otro de los puntos más preocupantes del decreto es que contribuye a la reinstalación de los manicomios bajo el nombre de “hospitales especializados en psiquiatría y salud mental” y permite el aislamiento pleno de personas a quienes vuelve a denominar “enfermos” como un tratamiento regido por el “arte médico”. Asimismo, en palabras del CELS, se “habilitan tratamientos en comunidades cerradas para las personas con consumo de drogas”. Es decir, se vuelve a hablar de “internación o tratamiento que motive el aislamiento de las personas con trastornos mentales y/o del comportamiento, ya sea restringiendo visitas, llamados, correspondencia o cualquier otro contacto con el exterior”.

Debido los graves retrocesos que implica, más de cuarenta organizaciones solicitaron al presidente Mauricio Macri “que no firme el decreto que será tachado de inconstitucional, y al Ministro de Salud de la Nación Adolfo Rubinstein, que cumpla con la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad”.

EDICIÓN IMPRESA