El vicepresidente de Ecuador, Jorge Glas, fue detenido el lunes 2 de octubre por orden del juez Miguel Jurado, quien lo acusa de asociación ilícita en el marco del caso Odebrecht. Previamente, el 3 de agosto, el presidente Lenín Moreno le había retirado sus funciones profundizando la crisis en el oficialismo. Un sector de Alianza PAIS denuncia que se trata de una persecución política contra uno de los principales aliados del expresidente Rafael Correa. El pasado 4 de octubre, Moreno designó como vicepresidenta encargada a María Alejandra Vicuña, quien debe decidir si llama a juicio a Glas
Luego de escuchar de parte de la Fiscalía los elementos de convicción para los trece procesados por el delito de asociación ilícita en la trama de sobornos de Odebrecht, el juez de la Corte Nacional de Justicia, Miguel Jurado, decide si llama o no a juicio al segundo mandatario.
Glas es acusado por la Fiscalía General del Estado de haber recibido pagos de la constructora brasileña a través de su tío Ricardo R., también procesado en esa investigación.
Contra el vicepresidente pesan medidas cautelares como la prisión preventiva y la prohibición de enajenar bienes, dictadas el mismo día que se lo vinculó a la investigación durante el proceso de instrucción fiscal.
El fiscal general del Estado, Carlos Baca, acusó la semana anterior a Glas como autor del delito de asociación ilícita y presentó 28 elementos de convicción en su contra, acusaciones que figurarán como prueba si Glas es llamado a juicio por Jurado.
El juez de la Corte Nacional también resolverá el pedido de la Fiscalía para la incautación, decomiso y repatriación de los bienes y fondos que tengan los trece procesados en el exterior, producto de la trama de sobornos en Odebrecht.
Para el caso del tío de Jorge Glas, Baca solicitó esta medida para sus bienes en China. En cambio sobre los venezolanos Freddy S. y Alexis O., ambos vinculados a los sobornos en la Refinería del Pacífico y el acueducto La Esperanza, el fiscal pidió la incautación de bienes en Venezuela y Panamá por 8 millones de dólares para cada uno.
El Ministerio Público también ordenó la extradición de los dos procesados, pedido que también fue hecho para el excontralor general del Estado, Carlos P., quien se encuentra en Estados Unidos.
El Consejo de Administración del Legislativo (CAL), deberá resolver esta semana un pedido de juicio político realizado por la bancada opositora de la Asamblea Nacional.
