El 25, se conoció la muerte de Patricia Carles, interna alojada en la Unidad Penal N° 10 (UP Nº 10), conocida como “área de seguridad”, en el predio del Hospital de Salud Mental “San Francisco de Asis”. Se trata del tercer caso ocurrido en la misma dependencia estatal durante los últimos cuatro años.
“Como toda muerte en contexto de encierro, se trata de un fallecimiento con responsabilidad del Estado. En este caso, agravado por las condiciones de detención en un área sin atención médica adecuada y por el hecho de que la persona en cuestión no debería haber estado detenida”, denunciaron desde el Observatorio de Conflictos Sociales del NEA.
Patricia Carles, de 53 años, padecía problemas de hipertensión y tenía antecedentes de esquizofrenia. Había sido detenida a principios de noviembre en el marco de una investigación por desobediencia judicial en una causa de usurpación, un delito que es excarcelable. En principio, fue alojada en el Instituto Pelletier, pero al presentar síntomas psiquiátricos fue trasladada al área de seguridad. Allí, se habría descompensado el sábado por la mañana, siendo atendida por un enfermero ante la inexistencia de médicos en la institución.
La Unidad Penal 10 (Área de Seguridad) es una dependencia del Servicio Penitenciario de Corrientes que funciona en el predio del hospital de Salud Mental, pero no tiene vinculación funcional con el mismo. Aloja personas insanas, declaradas inimputables judicialmente, a quienes por medidas de seguridad han sido apartadas de sus hogares por consumo problemático de sustancias y a personas detenidas/procesadas o condenadas que requieren tratamiento de desintoxicación por drogas.
Anteriormente, en abril de 2022, Marcos López de 25 años murió quemado tras un incendio en su celda. Las rejas fueron abiertas recién después de que se apagara el fuego, y a Marcos lo sacaron ya con más del 70 % del cuerpo quemado. En el lugar no había colchones ignífugos ni elementos de control de fuego. Además, Marcos se encontraba privado ilegítimamente de su libertad, puesto que el juzgado interviniente había dispuesto su externación y custodia familiar. En septiembre de 2019, una mujer de apellido Leyes falleció también por falta de atención médica en el área de seguridad. Si nos remontamos a 2010, encontramos un caso idéntico, el de Hipólito Ramírez de 44 años.
Durante unas visitas realizadas al lugar por el Observatorio de Conflictos Sociales del NEA en 2022, informaron la situación que padecen algunas de las internas que llevan 18 años en ese lugar. “Presentan una indeterminación temporal claramente violatoria de los principios de legalidad y razonabilidad, encontrándose privadas de su libertad, pero también de toda seguridad jurídica en razón de sus padecimientos mentales”, expresaron.
Y agregaron: “Hemos visto mujeres desestimuladas en su condición humana, ausentes, sobremedicadas, ociosas, sin ninguna actividad recreativa, educativa, productiva, a pesar que manifiestan interés por la música, el baile y la pintura. Las personas con las que mejor pudimos interactuar, precisamente son las de más reciente ingreso, que aún no han perdido parte de su capacidad de socializar, la que a medida que se prolonga el tiempo de “internación” se deteriora más y más”, sostuvieron.
