El gobernador Domingo Peppo cuestionó el reclamo judicial de la Provincia de Buenos Aires que implica quitar recursos a las provincias para compensar el Fondo del Conurbano Bonaerense y consideró que dicho remanente debería ser saldado por Nación. Los fiscales de Estado de las provincias se reunirán el próximo 24 de agosto para consensuar medidas a fin de que no se vean afectados los recursos coparticipables provinciales.
En el caso de Chaco, la implementación de esta medida implicaría una quita de 5.122 millones de pesos anuales. “Si la Justicia le da la razón a Buenos Aires tendríamos un gran conflicto porque el daño a la caja provincial sería cuantioso”, alertó Peppo.
La Provincia de Buenos Aires mediante su gobernadora, María Eugenia Vidal, inició una acción judicial ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación en reclamo de la actualización del Fondo Conurbano que le corresponde en concepto de reparación social histórica desde 1997. A dicho fondo -del 10 por ciento de la coparticipación federal- se le fijó un tope de 650 millones de pesos que la Provincia de Buenos Aires exige ahora liberar para percibir la totalidad de los recursos comprendidos en ese porcentaje.
En caso de que la Justicia de viabilidad a este reclamo, el remanente debería ser saldado con recursos coparticipables de las provincias. “Nación debe resolver el reclamo de la provincia de Buenos Aires pero no a costa de quitarle recursos a las provincias, sino con recursos propios”, advirtió el gobernador.
DOS MESES DE SUELDOS
"La liberación del tope establecido y restablecimiento de la coparticipación integral (10%) plantea una situación injusta e inequitativa para las provincias que tendrían que resignar parte de sus recursos para compensar el fondo bonaerense”, explicó el fiscal Meza.
En sintonía con el gobernador, sostuvo que Nación debería asumir esa diferencia con recursos propios ya que percibe el porcentaje mayor de la coparticipación federal. “De no ser así, para Chaco sería una pérdida equitativa a dos meses de sueldo de la administración pública provincial que llevaría a una situación muy alarmante. Podría ser un estallido social”, alertó.
Señaló que en el encuentro de fiscales de Estado del próximo 24 se analizará la medida jurídica más conveniente en forma consensuada entre las provincias. “Más que una cuestión jurídica, se trata de un tema político que debe ser resuelto por el gobierno nacional”, apuntó.
Tras iniciada la acción judicial por el Estado bonaerense, se notificó formalmente a la Provincia la semana pasada fijándose un plazo de 60 días para responder. “Tenemos 60 días para responder esta demanda todas las provincias afectadas; en la defensa vamos a exponer que consideramos que no se trata de materia judicializable, sino de un tema netamente político”, adelantó.
Reclamo por el 15% de la coparticipación
En otro orden de cosas, Peppo aseguró que el Estado provincial iniciará demanda judicial contra Nación para la restitución de los aportes del 15 por ciento de la coparticipación federal. “Se trata de una cantidad significativa de recursos que nos corresponden y que nos fueron quitados; otras provincias ya ganaron estos juicios a Nación y seguiremos por ese camino”, aseguró. Otro de temas a rever es la coparticipación de los impuestos al cheque. Se trata de un sistema inequitativo que debe ser revisado ya que Nación percibe el 70 por ciento de esos fondos y las provincias solo un 30 por ciento.
