El fallo de la Octava Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, Chile, que absolvió a ocho exagentes de la División Nacional de Inteligencia (DINA) por delitos de lesa humanidad y rebajó la condena de otros nueve, causó molestia entre familiares de las víctimas de la dictadura de Augusto Pinochet, quienes consideraron un gesto de impunidad la resolución judicial.
El ministro de fuero, Leopoldo Llanos, había dictado -a mediados de 2017- condena por 16 secuestros y 1 homicidio calificado en Villa Grimaldi. Sin embargo, la decisión de los ministros Juan Cristóbal Mera y Mireya López, y el abogado integrante Cristián Lepín, dejó sin efecto la condena de primera instancia de los miembros de la DINA: Pedro Espinoza Bravo, Rolf Wenderoth, Hermon Alfaro, Pedro Betterlich, Claudio Pacheco, Orlando Torrejón, Orlando Altamirano y Carlos López.
Respecto del resto de los inculpados: Ricardo Lawrence, Jorge Andrade, Juan Morales Salgado, Ciro Torré, Sergio Escalona, Juvenal Piña, Jorge Díaz, Gustavo Guerrero y Gladys Calderón, se rebajó la pena a 3 años y 1 día de presidio.
Para la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), el fallo de segunda instancia “representa en todos sus extremos la posición del pinochetismo al interior del Poder Judicial”.
“Son jueces nostálgicos de la dictadura cívico-militar, que reivindican las violaciones de los derechos humanos dándole impunidad a los agentes de la DINA que cometieron secuestro, tortura, homicidio y desaparición forzada, sosteniendo que las víctimas por sus circunstancias políticas -todas militantes del Partido Comunista- se encontraban en una situación de riesgo preexistente”, afirmó.
Además, la AFDD recordó que “nuestros familiares siguen teniendo la calidad de detenidos desaparecidos y a los victimarios se les concede la libertad vigilada”.
“El efecto de este fallo para nosotros, familiares de las víctimas, ha sido devastador. La falta de justicia y de verdad por la que hemos luchado durante tantos años, con marchas, movilizaciones, encadenamientos, protestas y huelgas de hambre, vuelve a sentirse con un profundo dolor”, dijo la agrupación.
También reaccionó el Partido Por la Democracia (PPD), que manifestó su “firme repudio” a la sentencia, porque “mientras algunos jueces sigan asumiendo la equiparación entre delitos de lesa humanidad y aquellos comunes, inevitablemente se seguirá fomentando la aplicación de sentencias inauditas para un régimen democrático”.
“Es deber del Estado de Chile avanzar en sancionar de manera proporcional al delito cometido, garantizar la no repetición, reparar integralmente, como también evitar utilizar disposiciones internas que contrarían el derecho internacional, tales como indultos, penas sustitutivas, media prescripción, y reducción de condenas”, señala una declaración.
“Instamos a que la Excelentísima Corte Suprema restablezca el imperio del derecho, en conformidad a lo establecido por el derecho internacional, en las normas de Ius Cogens, tratados internacionales, principios generales y evidentemente en la jurisprudencia interamericana”, dijo el partido. (Fuente: Nodal).
