La tarifa de energía eléctrica fue el tema político que centró las campañas proselitistas de las elecciones para diputados provinciales no solo por endilgarse responsabilidades entre oficialismo y oposición, sino por sus continuas instancias judiciales, para que sea la Justicia quien resuelva lo que no puede hacer la política.
El Juzgado Federal N° 2 de Resistencia emitió una resolución a través de la cual hace lugar a la medida cautelar presentada por la Defensoría del Pueblo de Chaco y ordena al Ministerio de Energía de la Nación suspender el último aumento aplicado a las tarifas de energía eléctrica mayorista. De esta manera, hasta que se resuelva la cuestión de fondo, no se podrá aplicar la Resolución N° 256-E/2017 dictada en abril por el gobierno nacional, que elevaba a 640 pesos por MW/hora el precio de la energía eléctrica mayorista en hora pico.
El defensor del Pueblo, Gustavo Corregido, logró frenar a través de esta herramienta judicial un nuevo aumento en las facturas de energía debido a que la resolución del Ministerio de Energía de la Nación que se atacó habilitaba a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) a establecer un precio más alto por MW/hora de mayo a octubre.
“Es una vergüenza que los funcionarios no cumplen con la Constitución, la Justicia hace las veces de una maestra que dice a sus alumnos pórtense bien”, graficó Gustavo Corregido, señalando la importancia de que las subas tenga la legitimidad de una audiencia pública.
Esta es la quinta resolución sobre aumentos en la tarifa de energía que Corregido logra frenar mediante la intervención de la Justicia. La primera fue la Resolución Nº 0006/2016 que ya cuenta con sentencia en el amparo presentado y quedó sin efecto. Además las resoluciones Nº 66 y 75 de 2017 del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y Nº 20/17 de la Secretaría de Energía de Nación, que corresponden a las causas 636/17 y 646/17 se encuentran suspendidas por una medida cautelar y en ese contexto hoy también se frena esta última resolución dictada en abril, por la cual el ombudsman presentó una ampliatoria el 28 de junio para impedir que se generen nuevos aumentos en el período estacional de invierno.
La notificación judicial también ordena a la demandada que se abstenga del dictado de nuevas resoluciones o actos administrativos que importen incremento de la tarifa hasta tanto se dicte sentencia en los amparos presentados en relación a esta cuestión.
