Derechos Humanos

“No hay supuestos, fue una violación”

La Fiscalía Penal de Castelli tomó intervención tras una denuncia por abuso de una niña indígena de 11 años perteneciente a la comunidad wichí. La exposición fue presentada el 5, por la directora del hospital de Miraflores, del cual dependen las comunidades indígenas que viven en el Paraje Techat II, donde vive la niña con su familia, indicó el Centro Mandela de DD. HH.

De acuerdo a la denuncia, la directora del hospital, Evelin Pittau, tomó conocimiento del hecho el lunes de la semana pasada por intermedio de un agente sanitario.

Entre los datos aportados, se indicó que la nena (NA) podría haber sido abusada por su padrastro, aunque no se conocen las medidas que la Justicia castelense adoptó ante el presunto abuso y embarazo forzado. Hasta el momento, se esperan pericias y estudios de ADN por parte de la Justicia.

La niña vive en el paraje mencionado, jurisdicción de Miraflores. Cursa un embarazo de 23 semanas (cinco meses) al momento en que le brindaron la primera asistencia sanitaria en el hospital de esa localidad. Hasta su ingreso al nosocomio de Miraflores, no se había realizado ningún control de embarazo.

 

RECORRIDO

Fue derivada al hospital de referencia en Castelli. Allí, evaluaron, entre otras cosas, la interrupción voluntaria del embarazo precoz. Esto no fue aceptado por la madre ni por la niña, según la documentación. Indicaron que existe una barrera lingüística entre la niña, la madre y los profesionales. Tanto el Centro Mandela como el equipo médico destacaron la necesidad de trasladarla a un centro de mayor complejidad, como el Perrando y el Pediátrico. 

Este caso integrará el universo de los recién nacidos en Chaco de niñas que dan a luz con menos de 15 años. Hasta ahora, son 183 en el curso de este año. Este cuadro de situación socio-sanitario convirtió a Chaco en la provincia con la tasa más alta de fecundidad temprana en la Argentina.

 

FUE UN

ABUSO

 

En contacto con elDIARIO de la Región, la médica Carolina Centeno, integrante de la Red Nacional de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir, indicó que si bien los abusos sexuales en la infancia no distinguen clase social, en Chaco, la mayoría de los casos se ubican en las clases populares, sobre todo de las comunidades originarias.

“Tienen velados otros derechos”, aseguró Centeno y enumeró que como esta niña hay muchas menores y adolescentes que no tiene acceso a la salud sexual y reproductiva, a viviendas y agua potables, entre otros derechos básicos.

En este sentido, remarcó que desde 1921 el Código Penal argentino contempla la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) en casos de violación. Y fue contundente: “Es un abuso, fue violada claramente, no hay supuestos”. Aseguró que “la posibilidad de consentir no existe” en una menor de esta edad “ni para la Justicia, ni a nivel social”. “Fue en contra de su voluntad y el embarazo es no intencional”, continuó y dijo que no pueden naturalizarse estos abusos como prácticas culturales.

También aclaró, según lo leído en algunas coberturas, que no se puede informar mal a las familias sobre el protocolo ILE, ya que con 23 semanas si bien se generarían riesgos para la nena, no serían tantos como si ella tuviese que parir. “De ninguna manera se compara”, dijo y nombró factores sociales, físicos y psicológicos que podrían llevar incluso a la muerte en parto de cualquiera de los menores.

Remarcó que está en contacto con profesionales de Castelli, así como la directora de Miraflores y señaló que a la problemática idiomática se suman las quejas de algunas profesionales de salud sobre las intervenciones “morales y religiosas de los traductores que tienen en los hospitales”. Afirmó que hay que trabajar fuertemente en los dispositivos y en tener traductores que puedan comunicar desde una perspectiva de salud y derechos.  

 

EL CIRCUITO

DE SALUD

 

Centeno también remarcó que, gracias al movimiento de mujeres en la provincia, las profesionales “entiendan la responsabilidad” de denunciar como funcionarios públicos estas realidades.

Por último, admitió que el circuito de salud es aún unos de los más conservadores y patriarcales, además de que hay faltantes de recursos. Si bien existe un protocolo en salud para el abordaje de violaciones en Chaco desde el 2014, resta mayor capacitación para los equipos “que no están muchas veces capacitados para recibir este tipo de casos” y acceso a los “kits para recolectar las pruebas que luego servirán en el debido proceso”.   

Cooperativa La Prensa

Cooperativa de Trabajo y Consumo Ltda La Prensa

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