La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) resolvió que el Gobierno nacional tiene "la obligación" de cumplir con la "liberación inmediata" de la militante de la Túpac Amaru, Milagro Sala. Así había recomendado el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas; sin embargo, el Ministerio de Justicia transmitió la resolución a los Poderes Ejecutivo y Judicial de Jujuy, sin mediar respuesta política al pedido internacional.
La respuesta de la CIDH es ante la cautelar presentada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Amnistía Internacional y Andhes, que calificaron de "extorsiva" la detención y sostuvieron que el objetivo es “desarticular" la protesta social. La cautelar aceptada por el organismo contra el Estado argentino es la primera de este tipo en toda la historia del mismo en derechos humanos.
El titular del CELS, Horacio Verbitsky, destacó que el pronunciamiento de la CIDH se da "en función a las irregularidades que el Estado ha cometido" y explicó que los integrantes del organismo internacional se limitaron a una recomendación debido a que están "imposibilitados de pronunciarse sobre cuestiones de debido proceso" a partir de una cautelar.
Verbitsky también respondió al rápido comunicado emitido por el Gobierno nacional, que proclamó su respeto al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, sin aludir a la obligación de cumplir sus dictámenes. "Celebramos que el Gobierno nacional respete el sistema interamericano de derechos humanos, pero se ratifica cumpliendo las resoluciones", advirtió el titular del CELS para el diario Página 12.
Al hacer lugar a la cautelar, la CIDH subrayó la condición de "mujer, indígena, prominente líder social e integrante de un sector representativo de la oposición política en Jujuy", lo que ratifica también la denuncia de que la líder de la Túpac Amaru es "una presa política", insistieron desde el CELS.
Uno de los argumentos esgrimidos por los Ejecutivos nacional y jujeño de Cambiemos para incumplir con el sistema interamericano fue que los organismos internacionales no contaban con toda la información respecto de las causas contra Sala e invitaron tanto a los representantes de la CIDH como al Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU a visitar el país.
La comisión presidida por Francisco Eguiguren, quien visitó a Sala en el penal de Alto Comedero junto con la comisionada Esmeralda Arosemena de Troitiño, advirtió ayer que la decisión de reclamar "la liberación inmediata" se tomó tras revisar "todos los procesos" en contra de la líder social. Resaltó que poseía toda la información aportada por el Estado, inclusive de primera mano, en el caso de Gerardo Morales, con quien la CIDH se reunió a mediados de junio, antes de visitar a Sala.
"El incumplimiento (de su liberación) ha tenido un especial impacto sobre la integridad de Sala que se sigue agravando con el paso del tiempo", destacó el titular del CELS respecto de la situación que vive la dirigente detenida hace 560 días en la cárcel de mujeres en las afueras de San Salvador de Jujuy.
Además, el documento del máximo organismo de derechos humanos a nivel continental advierte: "Existen una serie de particularidades que rodean la privación de la libertad de la señora Milagro Sala y se identificó múltiples factores de riesgo que incluyen presuntos hostigamientos, una amenaza de muerte y agresiones en su contra".
