17/01/2018 EL PAÍS

Más despidos y una protesta para frenar el cierre de áreas nacionales

Ayer, casi 200 personas se anoticiaron de la pérdida de sus trabajos. Fueron 150 agentes de salud del hospital Posadas de Buenos Aires, echados mediante la Policía y la Gendarmería. Otras 19 personas fueron notificadas del cese de sus funciones en la Canal de la Ciudad, de Capital Federal. Los 80 bailarines afectados por el fin del Ballet Nacional protestaron danzando.

img

Con una importante presencia policial, 150 trabajadores del hospital nacional “Alejandro Posadas” fueron despedidos. La cesantía afecta, principalmente, a la planta de enfermeros, quienes la mayoría tenía hasta 16 años de antigüedad. Los trabajadores denunciaron una persecución sindical, atraso en sus salarios y una política de precarización.

“Sabíamos que venía este ajuste a los compañeros porque venían presionando desde el año pasado de que si no firmábamos el nuevo contrato, nos iban a despedir. El contrato 48, así se llama lo que nos hicieron firmar, establecía que ellos podían no renovar los contratos sin motivo”, denunció el delegado del SUPDE, Cesar Ojeda, a El Destape. “El viernes, publicaron dos listas y dijeron que los que no estaban en esas listas se tenían que considerar despedidos”, relató.

Además, advirtió que “a muchos otros compañeros no les venían pagando sus haberes porque habían presentado un recurso de amparo porque se negaban a trabajar 12 horas por el mismo salario y a pesar de que la Justicia falló a favor de los trabajadores, hicieron caso omiso”.

La resolución fue firmada por el director de Recursos Humanos del hospital, Juan Ignacio Leonardi, que también se desempeña en el Ministerio de Salud nacional.

Según señaló el delegado, “dos escuadrones de la Gendarmería y un escuadrón de la Policía Federal” estaban en el lugar y detalló que “la mayoría de los despidos son delegados de Cicop y SUPDA elegidos el año pasado y muchos son afiliados de la ATE Verde y Blanca y de los otros dos sindicatos”.

“Denunciamos una persecución sindical y una militarización del hospital. Apenas cambió la gestión, en 2016 echaron a 600 trabajadores y contrataron a gente de Cambiemos para los puestos jerárquicos y después a todos monotributistas”, indicó. Los abogados de los sindicatos se reunieron por la noche con parte del Ejecutivo del hospital y los trabajadores se encontraban en asamblea permanente en el vestíbulo del Posadas.

Por otro lado, sigue la ola de despidos en los medios públicos. Ayer fue el turno del Canal de la Ciudad, que depende del Gobierno porteño. 19 trabajadores fueron despedidos de la señal y, otra vez, hay una delegada sindical entre ellos.

Los nuevos despidos se suman al de otros cinco trabajadores que fueron desvinculados la semana pasada. Las medidas fueron tomadas sin causa y tienen que ver con un plan de ajuste que viene encarando el Gobierno. En total, son 24 compañeros despedidos.

"El plan final es despedir a 30 personas, así que quedan seis casos por definir", denuncia Ezequiel Díaz, integrante de la junta interna de la ATE Capital en el Canal de la Ciudad. Los despedidos no contaron con el preaviso y se enteraron de un día para el otro de la pérdida del puesto de trabajo.

Según informan desde la Secretaría de Medios porteña, los primeros cinco despidos se dieron por un "cambio en el perfil del canal". En el caso de los nuevos 19, se alega que interrumpieron un programa, pero en la lista hay compañeros que no formaron parte de esa medida.

La resolución del conflicto se complejiza por las autoridades del canal. Eduardo Cura, director del canal, hace días que no se presenta, mientras que la encargada del área de Recursos Humanos, Patricia Rey, es la esposa de Cura. El director del canal posee un historial negativo en al área, como fue el caso de su paso por Canal 7.

 

BAILAR PARA QUE

NO CIERRE EL BALLET

 

Los 60 bailarines afectados por el cierre del Ballet Nacional de Danza, acompañados por otros sindicatos del Estado que se solidarizaron con el reclamo, hicieron ayer por la mañana una exhibición frente al Ministerio de Cultura para repudiar el cierre de la compañía. Bajo la consigna “No al vaciamiento cultural”, bailaron para que el ministro, Pablo Avelluto, dé marcha atrás con su decisión, que puso fin a las funciones gratuitas y a las clases abiertas de danza clásica que Iñaqui Urlezaga impartía en lugares no tradicionales.

“El ballet nacional de danza no es de sus bailarines, ni de su director, es de todos los argentinos”, aseguraron durante la convocatoria. Los bailarines danzaron frente a la dependencia nacional y colgaron sus zapatillas de una soga que atravesaba la calle Alvear. En declaraciones televisivas, las bailarinas de la compañía señalaron que “El Estado debe garantizar el derecho a la cultura”. “El programa no puede ser cerrado, porque en Argentina tenemos muy pocos espacios culturales, por eso es importante defender los espacios artísticos”, resaltaron. Otras 80 personas quedaron sin trabajo con la decisión de Avelluto de desfinanciar el ballet. 

EDICIÓN IMPRESA