El ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, anunció un aumento del 24 % promedio nacional en la tarifa de gas para sectores residenciales y comerciales, a partir de este hoy. Para el caso de la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, que tienen como empresa proveedora Metrogas, la suba promedio es del 36 %, en lo que es una medida que tendrá su rebote en esta parte del país, donde se comercializa el gas envasado en garrafas.
El aumento incluye una suba del 10,2 % en el precio del gas en boca de pozo, de 3,42 a 3,77 pesos por millón de BTU (unidad térmica británica) y un ajuste parcial, de cerca del 30 %, para los servicios de transporte y distribución. Según el ministro, la factura media mensual para el 51 % de los usuarios, ya con impuestos, será de $ 250 y para otro 20 % menor a $ 500. Y el impacto en la inflación sería como máximo del 0,3 %.
Además, indicó que, según el caso, "para los que tengan la posibilidad de reducir un 15 % de gas, el precio puede bajar un 50 %". Sin embargo, aclaró que "muchas veces esto depende no sólo del esfuerzo del usuario, sino de la condición climática del año". Aranguren anunció también que el Enargas "subió el umbral de consumo para que quede más gente incluida" en la categoría R1, que incluye consumos de hasta 900 metros cúbicos. Esta categoría antes abarcaba consumos de hasta 600 metros cúbicos de gas, y la medida regirá para Bahía Blanca, 25 partidos bonaerenses, Mendoza, Salta y Jujuy.
Aranguren también informó que "se va a implementar un programa de Consumo Eficiente y Factura Inteligente, de comunicación con usuarios, para informar sobre la forma de ahorrar, comparar el consumo con hogares eficientes o dar una alerta temprana en función de un consumo que es exagerado respecto del promedio de su localidad".
Asimismo, el ministro explicó que se acordó "una variación gradual de aumentos que llegaban al 200 %" y que "la disminución de subsidios que originalmente terminaba en 2019 tendrá fin en el 2022".
Al justificar el incremento, Aranguren sostuvo que con las subas se busca garantizar "un suministro sostenible en el tiempo, promover la producción local, reducir las importaciones, subsidiar sólo a aquellos que lo necesitan, fomentar el ahorro y un consumo eficiente, que es la forma de energía más barata".
Por otro lado, el funcionario, extitular de la petrolera Shell, habló sobre los precios de las naftas y el gasoil, que por estos días se encuentran etapa de revisión.
El funcionario explicó que "a principio de este año, se firmó un acuerdo entre los productores y refinadores”. “El Estado nacional les propuso un mecanismo por el cual teníamos que acercarnos a los precios internacionales del petróleo", aseguró.
A raíz de ese mecanismo, dijo Aranguren "en el primer trimestre, los números que nos dan a nosotros es que la nafta tendría una variación pequeña a la suba del 0,6 % y el gasoil una variación interesante a la baja del 1,8 %".
El ministro espera que todas las compañías "cumplan con el acuerdo" que se ha firmado y "en los próximos días esto se vea reflejado en los surtidores".
EL PROYECTO
El diputado nacional Diego Bossio presentó un proyecto para impedir aumentos de tarifas superiores a los incrementos de los salarios. "El objetivo es que las tarifas de gas, luz y transporte, tengan criterios de justicia, razonabilidad y equidad, y que los usuarios no paguen incrementos tarifarios superiores a sus aumentos salariales", indicó el legislador del Bloque Justicialista.
La decisión se adoptó en el marco de lo que Bossio calificó como una "provocación", en relación al nuevo tramo de incremento de tarifas que se anunció ayer. En ese sentido, sostuvo: "Los argentinos estamos viviendo una realidad cada vez más compleja".
"Desde que asumió Macri, tenemos un millón y medio de nuevos pobres y creció la indigencia; la industria y las pymes se derrumbaron, con caída de ventas y presión impositiva creciente; el aumento de los precios no cesa y tenemos problemas de empleo y mayor precarización", describió acerca de una situación que consideró de "descontento y frustración".
Según los considerandos del proyecto, los usuarios deben estar protegidos ante los abusos de las empresas prestadoras de servicios, en el contexto de un Gobierno cuyos funcionarios no han sabido resolver el abordaje de una readecuación tarifaria de carácter racional, gradual y atendiendo a los ingresos promedios de las familias argentinas. (Fuente: Ámbito)
