01/11/2017 EL PAÍS

Marcos Peña llamó a hacer “acuerdos” y la oposición realizó fuertes críticas

El Jefe de Gabinete estuvo por octava vez en el Senado. Mientras continuó con un discurso de diálogo y acuerdos, asegurando que no habrá perjuicios con la reforma tributaria, senadores de la oposición arremetieron con duras críticas a dicha propuesta.

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En sintonía con los anuncios del presidente Mauricio Macri, el jefe de Gabinete Marcos Peña llamó a los “consensos” para “construir una agenda de futuro”, en referencia a los proyectos de reformas que el Gobierno nacional impulsa para sus dos próximos años de gestión.

Durante su octava sesión informativa del año, y la cuarta ante el Senado, el funcionario convocó este miércoles en la Legislatura a la oposición a debatir las iniciativas y arribar a “acuerdos”. Además, sostuvo que en las propuestas que pretende el Ejecutivo “no hay ningún sector económico argentino que se vea perjudicado”.

Sobre el debate tributario, el jefe de Gabinete consideró que “nuestra estructura tributaria refleja muchas injusticias, consolida las desigualdades y no está orientada a la creación de empleo”. Subrayó que la discusión debe darse de “manera amplia y entendiendo la generalidad y particularidad de cada una de las regiones”, pero aseguró: “Tenemos que lograr bajar nuestra carga impositiva”.

En referencia al proyecto de reforma tributaria que será enviado al Congreso en los próximos días, sostuvo que esa iniciativa “elimina distorsiones y permite avanzar hacia un sistema más equitativo”. También destacó que se gravará la renta financiera, algo en lo que “la Argentina estaba morosa”, publicó parlamentario.com.

Asimismo, Peña admitió “la inquietud que puede haber generado alguna de las propuestas”, como en el sector azucarero y vitivinícola; por eso garantizó que se generarán “ámbitos de diálogo la semana próxima antes de enviar el proyecto”. “No creemos en la lógica de la imposición, en la lógica del no diálogo. Pero tampoco creemos que sea bueno dar estos debates sin una hoja de ruta”, remarcó. Y afirmó: “Creemos que no hay ningún sector económico argentino que se vea perjudicado con estas propuestas”.

Sin embargo, senadores del peronismo se plantaron frente al jefe de Gabinete en alerta máxima por la reforma impositiva que el Gobierno someterá a discusión. Y es que algunas provincias se verían particularmente afectadas, como Mendoza, San Juan y Tierra del Fuego, por el gravamen a los vinos y la quita del arancel por importaciones de artículos de electrónica, una industria fundamental para los fueguinos.

Uno de los legisladores más duros en este sentido fue José “Nato” Ojeda (PJ-FpV). “Condenan a Tierra del Fuego a un estallido”, denunció, y agregó que la medida “implica que los productos que se fabrican en la provincia ya no tienen sentido de ser fabricados”, por lo que “hoy los sueños se convirtieron en pesadillas” en la provincia.

La mendocina Anabel Fernández Sagasti y el sanjuanino Ruperto Godoy encabezaron las críticas por el gravamen a los vinos y sidras, que tendrán una alícuota de hasta el 10%, hoy no tributan nada. Para las bebidas espumantes y el champagne, que tampoco pagan, el impuesto será de hasta el 17%, mientras que las cervezas, que pagan una alícuota del 8% pasarían a pagar 17%, y el whisky y el coñac tendrán una suba del 20 al 29%.

“Le mintieron en la cara a la industria vitivinícola, a los productores, porque hace unos meses les negaron estar pensando en un impuesto al sector”, bramó Fernández Sagasti, quien exigió dar marcha atrás con ese plan. “El vino es parte de la tradición y la cultura de todos los argentinos, y con este ‘impuestazo’ el vino pasa de ser una bebida nacional a ser una bebida perjudicial para la salud”, lamentó.

Por su parte, la catamarqueña Inés Blas confesó que “la presentación de los ejes del reformismo significó la profundización de la incertidumbre que las provincias venimos sintiendo en el último tiempo en relación a la disminución de los fondos coparticipables”. Además, preguntó “con qué criterio se procederá a desvincular trabajadores, si se piensa en reducir el empleo público”.

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