31/01/2018 EL PAÍS

Madres de Plaza de Mayo denunció embestida judicial

Funcionarios judiciales y del Ejecutivo intentaron realizar un inventario en la sede de la Asociación. Las Madres lo impidieron y denunciaron que no habían sido notificadas. “Es una jugada política, se quieren quedar con el archivo”, denunció Hebe de Bonafini.

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La titular de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, denunció que “vienen siendo hostigadas de muchas maneras hace tiempo y esto es una maniobra más”. Así describió el accionar, con el que en plena feria una veintena de funcionarios judiciales y del Ejecutivo, intentaron sin éxito realizar un inventario en la sede del organismo.

 

Desde la Asociación rechazaron la medida, a la que consideraron ilegal por no haber sido notificados previamente. Bonafini vinculó la maniobra con una “jugada política”: “Se quieren quedar con el archivo de las Madres, con nuestra historia, con cuatro décadas de lucha, pero esto es del pueblo”, advirtió. Los representantes legales de la Asociación presentaron un pedido de revocatoria ante la autoridad judicial de feria por lo que el inventario quedó pospuesto para febrero. 

 

 “Quieren ver todo lo que es de la Fundación para llevárselo”, advirtió Bonafini en una conferencia de prensa que ofreció junto a otras madres. Ante periodistas y quienes acudieron tras el pedido de apoyo que el organismo hizo circular por las redes horas antes, Bonafini denunció que el procedimiento que sufrieron ayer es “una violación de las garantías constitucionales” y lo atribuyó a una decisión política: “Este gobierno nos quiere arrodillar”, dijo. “No lo vamos a permitir, las Madres nos vamos a defender como sea.”, señaló.

 

Durante la mañana de ayer, funcionarios judiciales quisieron ingresar a la Casa de las Madres, en Hipólito Yrigoyen 1548, para hacer un inventario de bienes en el marco de la causa sobre la quiebra de la Fundación Madres de Plaza de Mayo y los juicios pendientes por la indemnización de los trabajadores del programa Sueños Compartidos, juicios por los cuales ya se habían embargado algunos bienes de la Fundación, que irán a remate.

 

La medida fue solicitada por el síndico de la quiebra al juez de feria Javier Cosentino, quien autorizó el procedimiento pero no notificó al organismo. Bonafini y las Madres que integran la Asociación les negaron a los funcionarios el ingreso al lugar. “A dos días del fin de la feria, la connivencia del Ejecutivo y el Partido Judicial se evidencia una vez más”, advirtieron las Madres, mientras denunciaron que el organismo tampoco fue notificado de que el trámite de quiebra de la fundación cuenta con nuevo síndico y escribano.

 

“Habilitan la feria judicial para un inventario pero no para el pedido de libertad de un preso político”, comparó la titular de la Asociación y se quejó del beneficio de la prisión domiciliaria para represores como “Etchecolatz, que tendría que estar en Batán”.

 

En horas de la tarde, presentaron ante el juez de feria un pedido de revocatoria que pospuso el inventario para cuando la Justicia retome su ritmo de trabajo habitual. En ese sentido, advirtieron desde el equipo jurídico que no se opondrán a la realización del inventario siempre y cuando “no participe la fuerza pública” y “no intervenga el Poder Ejecutivo”.

 

 

 

 

 

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