Ayer, el juez Sergio Moro declaró culpable al exmandatario de Brasil, Luiz Inácio Lula Da Silva, de los delitos de corrupción pasiva y lavado de dinero. La sentencia establece, además, la prohibición de ejercer cargos públicos durante 19 años, lo cual le impediría, si se confirma en segunda instancia, presentarse a las elecciones presidenciales de 2018 como candidato del Partido de los Trabajadores (PT).
Lula Da Silva, expresidente de Brasil (2003-2010), es uno de los políticos más populares de ese país. Ayer, fue condenado por la supuesta aceptación de un soborno por parte de la empresa OAS, que consistiría en la entrega de un apartamento de tres pisos en Guarujá (Sao Paulo), a cambio de favorecer a la constructora en sus negocios con la petrolera estatal Petrobras.
El departamento en cuestión no está a nombre de Lula, sino de la constructora. El expresidente negó siempre las acusaciones y exigió que se exhiban pruebas de las mismas. Según la acusación, los elementos en su contra surgen de una delación forzada de los dueños de la empresa, detenidos al efecto por el juez. A pesar de la condena, el magistrado de Curitiba aseguró que el exmandatario (2003-2010) podrá "presentar su apelación en libertad".
El juez ordenó confiscar el inmueble y señaló que Lula fue el destinatario de 3,7 millones de reales (algo más de 1,1 millones de dólares) en forma ilícita. "Entre los delitos de corrupción y lavado hay concurso material, motivo por el cual las penas sumadas llegan a 9 años y seis meses de reclusión", determinó Moro, a cargo de la investigación Lava Jato sobre sobornos en la petrolera estatal.
Según algunos analistas, se trataría de otro paso de “la avanzada mediática y judicial contra las fuerzas antineoliberales de América latina” y se completaría, de este modo, “el segundo paso del golpe de Estado que empezó con el desplazamiento ilegal de Dilma Rousseff de la presidencia”.
