Luego de las 11 condenas por altas penas el 31 de mayo a los genocidas imputados en el proceso denominado “Caballero II”, por torturas en la ex Brigada de Investigaciones, la causa Ligas Agrarias es el otro pleito judicial de envergadura en la región, en el cual se juzga el plan de exterminio de pequeños productores rurales del interior provincial que se organizaron para hacerle frente a la especulación con el precio del algodón por parte de los grandes monopolios como la multinacional Bunge y Born. Tamaña “afrenta” al poder oligárquico tuvo una cruenta respuesta de la mano de terrorismo de Estado: los liguistas fueron “barridos” del mapa en sendos operativos del Ejército y la Policía, con cientos de militantes de base secuestrados, sometidos a torturas y vejámenes y encarcelados y prácticamente la totalidad de los dirigentes de la organización desaparecidos, o bien emboscados y asesinados en supuestos “enfrentamientos”, al modo de la Masacre de Margarita Belén.
En ese marco, se inscribe la decisión de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, por voto unánime, en la cual se ordenó la incorporación por lectura del testimonio de Leopoldo Jordán (fallecido), quien brindó un relato importante sobre el homicidio del docente y dirigente de las Ligas Agrarias Raúl “Ñaró” Gómez Estigarribia.
Cabe destacar que desde la unidad de DD. HH. de la Fiscalía federal se había propuesto la inclusión por lectura de lo relatado por Jordán pero la defensa de los acusados presentó una oposición con el argumento de que no estuvo presente durante la declaración y que, de este modo, se violaba el derecho de defensa. La fiscalía contestó que defensa había tenido oportunidad de analizar dicho testimonio al momento de las indagatorias de sus representados sus defendidos y no lo planteó. No obstante, el presidente del tribunal ordenó la exclusión del proceso de la prueba en cuestión.
Por ello, la Fiscalía insistió con el pedido ante la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal que finalmente dio curso positivo a la petición en estos términos: “El testimonio de Jordán de manera taxativa encuadra como excepción razonable a la regla general de la oralidad (…) El testimonio ofrecido constituye una prueba que junto con los otros elementos de cargo deberá ser valorada por el Tribunal…”, así lo expusieron los magistrados Gemignani , Borinsky y Hornos.
Además, señalaron: “Si bien es cierto que la defensa no podrá ejercer su derecho a interrogar al testigo durante el debate, no se observa que dicha circunstancia importe un menoscabo del derecho de defensa en juicio, ya que pobra ejercerlo en el debate cuestionando la verosimilitud de la prueba y su valoración…”.
TESTIMONIO
Con 80 años a cuestas, Leopoldo Jordán se presentó espontáneamente en abril de 2012 ante la Fiscalía federal, al haberse enterado que se había abierto una investigación por el homicidio de Gómez Estigarribia.
Jordán relató entonces que el 12 de febrero de 1977, trasladó al dirigente a Corzuela en su camioneta Ford ranchera, para que este concurriera a una cita con un conocido. Negó rotundamente la versión de que Ñaró estaba armado “como si fuera un cowboy”, aclarando que estaba totalmente indefenso y que daba fe de ello, “ya que llevaba ropa liviana y además pasaron un control policial en la ruta 16”. Cuando volvió a buscarlo, lo detuvo un operativo de fuerzas de seguridad -en su mayoría de la Policía de Chaco- como también del Ejército, quienes lo llevaron a la comisaría de Corzuela. Hasta allí, llegó una “patota” dirigida por Wenceslao Ceniquel, quienes lo interrogaron. Luego, lo llevaron a la Brigada de Investigaciones de Resistencia, donde comenzó un periplo de siete años de prisión por razones políticas en la U7, la U9 de La Plata, Villa Devoto y Rawson.
LA EJECUCIÓN
Según la versión oficial, tanto Gómez Estigarrribia como Carlos Piccoli, otro renombrado dirigente rural, fallecieron en enfrentamientos con fuerzas de seguridad. Así quedó registrado en los sumarios policiales incorporados a un expediente de la Justicia federal de la época. Sin embargo, la investigación, el procesamiento, la confirmación del mismo y ahora la elevación a juicio presentada por los fiscales indica que, en ambos casos, los dirigentes habrían sido ejecutados.
Gómez Estigarribia era buscado intensamente desde 1975 por las Fuerzas Armadas, debido a su activa participación y militancia. El 12 de febrero de 1977, había organizado una reunión en una casa en Corzuela, sobre la que tomó conocimiento el oficial de inteligencia del Ejército Bettolli, quien operaba en la zona en la persecución de la organización y montó un operativo para tenderle una emboscada. Para ello, el Ejército y la Policía de Chaco habían dejado la luz prendida del exterior de la casa y se aseguraron de que Gómez Estigarribia no pudiera ingresar.
Así quedó expuesto: fue atacado al llegar al lugar, con disparos de arma de fuego de los integrantes de la patota conjunta, lo que le provocó, según la autopsia policial, al menos tres heridas en el tórax, la pierna izquierda y una mano.
El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) examinó los restos óseos exhumados de la víctima, luego de lo cual brindó precisiones e indicios de reconstrucción de cómo fue la mecánica de los hechos de acuerdo a distintas heridas que impactaran en la estructura ósea y que se integra y complementa con el resto del material probatorio.
LOS IMPUTADOS
El caso Estigarribia y otros serán ventilados en el juicio oral venidero, con imputaciones al exteniente coronel del Ejército, José Tadeo Betolli, al agente de Policía Miguel Antonio González, a sus pares Carlos Chávez y Alcides Sanfenraiter junto al excomisario José Francisco Rodríguez Valiente y el comisario general Eduardo Wischnivetzky.
Los primeros cuatro están procesados por el homicidio agravado del nombrado Estigarribia y de Carlos Piccoli. A Rodríguez Valiente, oficial sumariante de la Brigada de Investigaciones y reputado como presente en casi todas las sesiones de tortura en la que se obtenían declaraciones falsas, o bajo tormento, se le imputa el delito de encubrimiento de ambos homicidios con la acción de fraguar un supuestos enfrentamientos. A Wischnivetzky se le imputa la privación ilegal de la libertad y tormentos de tres trabajadores rurales. Tanto Bettolli como Rodríguez Valiente han sido condenados en la causa Caballero I y están siendo procesados en la actualidad por otros hechos en la continuación de la citada causa.
