En materia de reconstrucción del “modus operandi” del terrorismo de Estado y juzgamiento a crímenes de lesa humanidad cometidos por el terrorismo de Estado que asoló la región, 2018 será recordado por dos cuestiones de importancia.La primera, las 11 condenas ejemplares por altas penas de prisión en la Causa Caballero II, por violaciones, torturas y desapariciones en la ex Brigada de Investigaciones de la Policía de Chaco el 31 de mayo, luego de dos años de debates. La segunda consiste en la identificación, a principios de septiembre de los restos del militante misionero desaparecido Carlos Tereszecuck, cerrando de este modo la incógnita respecto de su paradero que se mantenía en pie desde fines de 1976.
Así las cosas, 2019, en principio, comenzará sin perder este “saludable envión” hacia el “juicio y castigo” a los genocidas; según pudo saber elDIARIO de La Región, el Tribunal Oral Federal de Resistencia fijó la fecha del 5 de abril para el inicio del juicio oral Ligas Agrarias, en el cual se juzga el plan de exterminio de pequeños productores rurales del interior provincial que se organizaron para hacerle frente a la especulación con el precio del algodón por parte de los grandes monopolios como la multinacional Bunge y Born.
Por otra parte, se fijó la fecha de audiencia preliminar para analizar pruebas y otras cuestiones de organización en la causa que investiga la complicidad judicial y civil con el terrorismo de Estado, y la que figuran imputados el exfiscal Domingo Mazzoni y el guardicárcel Pablo Casco, sindicado como uno de los “entregadores” de detenidos políticos confinados en la cárcel U7 que fueron fusilados el 13 de diciembre de 1976 en la denominada Masacre de Margarita Belén.
Consultada por elDIARIO, Dafne Zamudio, histórica referente de DD. HH., hija del fusilado en la Masacre Carlos Zamudio, y coordinadora del Programa de Asistencia a las Víctimas, remarcó: “Nos parece un buena noticia el anuncio de avance en causas judiciales contra represores genocidas y sus cómplices, y justamente por ello esperamos que no suceda como con Caballero II y los procesos se dilaten tanto”.
Zamudio señaló el contexto adverso para los DD. HH. que implica el gobierno de Mauricio Macri, tanto por sus políticas actuales en la criminalización de la protesta social y fortalecimiento del aparato represivo estatal, como también por el siempre latente cuestionamiento a la política pública de Memoria Verdad y Justicia. Una prueba de ello en un intento de reflotar la perimida teoría de “los dos demonios”. Un ejemplo fue el fallido “2×1” de la Corte Suprema de Justicia, que no logró imponerse luego del masivo repudio en todo el país y tuvo su epílogo hace unos días. Otro ejemplo es la serie de resoluciones de tribunales que otorgan el beneficio de prisiones domiciliarias a genocidas amprándose en haber superado la edad de 70 años. Un caso paradigmático en Chaco, pero no el único, es Gabino Manader, “militante de la picana”, condenado en dos oportunidades por torturas y violaciones y recordado por sobrevivientes como uno de los integrantes más sádicos de la “patota” que operó en el centro clandestino de la Brigada de Investigaciones. Desde el 2 de febrero de 2017, Manader cumple condena en su domicilio de Coronel Falcón 289, gracias a la resolución firmada por el juez de instrucción Juan Manuel Iglesias, pese a las apelaciones por parte del Ministerio Público y reclamos de organizaciones de DD. HH.
JUSTICIA PARA LAS LIGAS
En la causa Ligas Agrarias, la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía Federal presentó un requerimiento con imputaciones al exteniente coronel del Ejército, José Tadeo Betolli, al agente de Policía Miguel Antonio González, y sus pares Carlos Chávez y Alcides Sanfenraiter junto al excomisario José Francisco Rodríguez Valiente y el comisario general Eduardo Wischnivetzky.
Los primeros cuatro están procesados por el homicidio agravado de los referentes Ñaró Gómez Estigarribia y Carlos Piccoli. A Rodríguez Valiente, oficial sumariante de la Brigada de Investigaciones y reputado como presente en casi todas las sesiones de tortura en la que se obtenían declaraciones falsas, o bajo tormento, se le imputa el delito de encubrimiento de ambos homicidios con la acción de fraguar un supuestos enfrentamientos.
A Wischnivetzky se le imputa la privación ilegal de la libertad y tormentos de tres trabajadores rurales. Tanto Bettolli como Rodríguez Valiente han sido condenados en la Causa Caballero I y en la Causa Caballero II.
La acusación que pesa sobre Wischnivetzky está enmarcada en crímenes de lesa humanidad que sufrieron los pobladores rurales y pequeños productores del interior del Chaco, relacionados con la persecución a militantes de Ligas Agrarias. En ese contexto, el entonces comisario de Villa Ángela comandó secuestros y torturas a integrantes de la organización campesina, ocurridos en la localidad de Villa Berthet, el 30 de agosto de 1976.
Según la versión oficial, tanto Gómez Estigarrribia como Piccoli fallecieron en enfrentamientos con fuerzas de seguridad; así quedó registrado en los sumarios policiales incorporados a un expediente de la Justicia federal de la época. Sin embargo, la investigación, el procesamiento, la confirmación del mismo y ahora la elevación a juicio presentada por los fiscales indica que, en ambos casos, los dirigentes habrían sido ejecutados.
Gómez Estigarribia, dirigente rural y docente, era buscado intensamente desde 1975 por las Fuerzas Armadas, debido a su activa participación y militancia. El 12 de febrero de 1977, había organizado una reunión en una casa en Corzuela, sobre la que tomó conocimiento el oficial de inteligencia del Ejército Bettolli, quien operaba en la zona en la persecución de la organización y montó un operativo para tenderle una emboscada.
LA “PATA JUDICIAL” DEL GENOCIDIO
En lo que respecta al proceso en curso contra el exfiscal Mazzoni y el exjefe de Guardia de la U7, Pablo Cesar Casco, en el requerimiento de elevación a juicio los fiscales Patricio Sabadini y Diego Vigay describieron la conducta de Mazzoni como "aporte sustancial" al terrorismo de Estado, a través de la impunidad otorgada al accionar delictivo del resto de los integrantes de la asociación ilícita. Cabe recordar que el otro imputado era el exjuez federal Luis Ángel Córdoba, fallecido a los 79 años en Buenos Aires en agosto de 2017. Según el requerimiento de elevación a juicio el accionar de los imputados se tradujo en la impunidad otorgada al accionar delictivo de los grupos de tareas de la Brigada de Investigaciones y oficiales del Ejército del Área de Inteligencia.
