Abogados de la Segunda Circunscripción Judicial publicaron un comunicado de prensa dando a conocer su postura por lo ocurrido en los tribunales de Sáenz Peña. El martes por la mañana se realizó un allanamiento a las Oficinas del Defensor Oficial N° 2 de la ciudad termal.
“El 14 de noviembre hemos sido sorprendidos por una medida judicial impensada en un sistema de Estado de Derecho y vigencia de las autonomías provinciales garantiza por la Constitución Nacional. La jueza federal de San Isidro, la doctora Arroyo Salgado ordenó el allanamiento de las oficinas de la Defensoría Oficial N° 2 y el cercado de todo el edificio de Tribunales, llenado de gendarmes todo el edifico de tribunales, las calles y veredas impidiendo el acceso a abogados y justiciables a los Juzgados”, expresaron. El comunicado lleva la firma de los abogados Marta Brugnoli, Oscar Olivieri, Ruben Billa, Gabriel Pavese, Héctor Hugo Cramazzi, Miguel Mijaluk y Leandro Arrudi.
“La presencia de una fuerza militar que con un despliegue exagerado de efectivos hacían pensar en el desarrollo de un conflicto armado de enormes dimensiones, siendo que se trataba de revisar una oficina que tiene no más de siete metros cuadrados. Pero no solo resulta indignante el despliegue militar avasallador, sino la violación de los principios fundamentales del Estado de Derecho, cuando se despoja a las provincias de su derecho de Autonomía e inviolabilidad de su territorio”, manifestaron en una clara denuncia al accionar federal.
“Que una jueza federal disponga el allanamiento de la oficina de un magistrado o funcionario del Poder Judicial del Chaco, es un hecho significativamente grave. La memoria nos lleva a pensar en la reedición de las oscuras noches de la Dictadura Militar, aunque no recodamos que en esa época los militares aun con la suma del poder hubieran cometido semejante tropelía”.
Por otro lado, los profesionales agrupados en “Abogados por una Justicia Independiente” de la Segunda Circunscripción exigen del Superior Tribunal de Justicia y la Procuraduría de la Provincia sostuvieron que se formulen las denuncias correspondientes por este avasallamiento institucional.
También pidieron al Poder Ejecutivo para que en representación del pueblo de la Provincia del Chaco plantee la denuncia ante el Consejo de la Magistratura por la comisión de los delitos que esta medida judicial ha generado.
