La provincia está pronta a aplicar un cambio en el funcionamiento de las fiscalías que beneficiaría a la gran masa de denuncias por violencia de género. Según trascendidos a los que accedió este matutino, el Ministerio Público Fiscal cambia su metodología y crea fiscalías temáticas en la que habrán tres destinadas a las denuncias por violencia de género.
Si bien este podría leerse como un avance a la mirada especial que debe tener la Justicia sobre este problema que recrudece cada año en el país y la región, difiere en detalles importantes a uno de los pedidos dentro movimiento feminista que es el funcionamiento de fiscalías especializadas en la materia. En las especializadas, debería mediar un concurso con competencias justas de quienes como operadores judiciales deseen postularse, esto daría confianza en que habrá una mirada real con perspectiva.
Sin embargo, y se cree que por una falta de presupuesto general (otra diferencia a remarcar), las fiscalías temáticas comprenden una reasignación dentro de las mismas, pero con los agentes ya existentes. Aun así, la ventaja más visible de este reordenamiento debería ser la celeridad en los procesos judiciales y el tratamiento específico.
Los fiscales asignados a esta nueva fiscalía temática de género serán Jorge Cáceres Olivera, Héctor Baldiviay Daniela Meiriño.
En comunicación con elDIARIO de la Región, el fiscal Jorge Cáceres confirmó la resolución N° 13 del Ministerio que asigna a la Fiscalía N° 4 a su cargo, N° 9 a cargo de Meiriño y la N° 11 de Baldivia a atender todas las causas en las que medien violencia de género. Esto es, según detalló, lesiones, amenazas, femicidios y tentativas, entre otras.
“Se trata de poder brindar un servicio de justicia a efectivo por la impronta (del tema) a nivel nacional”, aseguró Cáceres. Aparte de la dedicación exclusiva, remarcó que es un avance en cuánto a “unificar y mejorar en criterios de decisiones”. “Trabajaremos en un protocolo para que sea más eficiente y también para la atención del sistema judicial”, comentó, que son uno de los reclamos que más se escuchan. Dijo que es una medida para hacer saber que “el poder judicial está presente y va acompañar a la mujeres en este proceso y la sociedad sepa que la violencia es un tema serio. El Ministerio Público va a tomar las medidas que sean pertinentes para reducir los hechos. En 2018, hubo aproximadamente 2.400 causas que queremos bajar”, concluyó.
“La mujer siempre espera
la respuesta de la justicia”
En diálogo con este medio, la abogada especializada en la materia, Lourdes Polo, remarcó que el ideal para una problemática de esta envergadura es que la perspectiva de género sea trasversal a los tres poderes del Estado por igual. Esto implica soltar el sentido común de que a la Justicia sólo le compete el tratamiento del delito y poder visualizar las desigualdades y estereotipos que se encuentran estrechamente ligados a la violencia machista.
En este sentido, dejó entrever que como abogada ya tiene referencias de haber trabajado con algunos de los fiscales asignados y que lo importante de este cambio es ver “cómo se van a aceitar los mecanismos judiciales desde esta mirada transversal”. “La mujer siempre espera la respuesta de la Justicia”, aseguró.
Para ello, Polo subrayó que ya existen otras medidas desde el Ministerio Público que aportan al tema. Por ejemplo, las denuncias que no calificaban como delitos antes se archivaban. El Superior Tribunal de Justicia, a través de un dictamente de Procuración, sostuvo que debe priorizarse la escucha activa antes que el conflicto de competencia.
Es decir, “ningún ente o juez puede obstruir el acceso a la Justicia de las mujeres”, según explicó la abogada. Polo analizó que esto pudo ser como una “tirada de oreja” a algunas áreas que priorizan el “conflicto de competencia” antes que “la escucha activa” a la víctima.
Esta última se encuadraría en una buena práctica judicial, mientras que la primera es la excusa de ciertos agentes que hacen que una mujer que está siendo víctima deba circular (a veces, por meses) entre varias instituciones sin poder concretar las medidas preventivas que necesita en una situación de riesgo y con una clara revictimización.
Esta medida viene a confirmar que en cualquier área judicial se le debe otorgar a la mujer que se presenta por violencia de género una escucha, la ratificación de la denuncia, las medidas probatorias necesarias y el oficio con la declaración. Luego recién debe ser derivada al juzgado o área competente.
Otra resolución judicial firmada por los procuradores general y adjunto, Miguel Fonteina y Jorge Canteros, es la exhortación a los operadores judiciales que pertenecen al Ministerio a que permitan que las mujeres puedan realizar la denuncia acompañadas por las personas que sean de su confianza. Esta medida está amparada en los protocolos nacional y provincial y lo que hicieron los funcionarias fue una ratificación e invitación.
También, resaltó que en las comisarías “siempre deben hacerse denuncias no exposiciones” cuando media violencia de género y es relevante que el documento tenga el sello porque es un método para que se agilice los tiempos procesuales. Por último, agregó que la adhesión local a la reciente Ley Micaela también sería un gran avance para una protección real.
