El hecho de que los funcionarios nacionales provengan del ámbito empresario no es menor para la toma de decisiones. Con una perspectiva guiada por la lógica capitalista se entiende que buscan reducir o eludir los controles estatales sobre todo si hay obras en juego.
Así pareciera ser con el espíritu del decreto nacional 794/17 por el cual se crea la empresa Corredores Viales S.A., la cual absorbería Vialidad Nacional, la que pasaría a fusionarse con el Ministerio de Transporte pero además abre la puerta para la participación privada.
La empresa tendría a su cargo todo lo que sería el mantenimiento y la concreción de nuevas rutas, trabajos que se adjudicarían sin licitaciones, por lo cual se sobreentiende que se habla de un negocio de miles de millones de pesos con laxos controles.
En el medio de todo están los trabajadores de Vialidad Nacional, que viven días de incertidumbre por la falta de respuestas a lo que será su futuro inmediato. "Hay 6000 trabajadores en un estado de inquietud constante y tres escuelas técnicas con 500 alumnos cada una, las que no saben en qué decantará esto", sostuvo a elDIARIO de la Región el secretario General del Sindicato de Trabajadores Viales en su filial Chaco, Diego Benítez.
El dirigente indicó que hoy participará en Buenos Aires de una reunión de representantes de todos los distritos en el cual se decidirán los pasos por seguir ante una situación que preocupa.
"Estamos en total desacuerdo con esta empresa, hasta ahora hay un silencio de parte de todas las autoridades, incluso el ministro Dietrich (Guillermo, de Transporte) no concurrió este martes a la Cámara de Diputados, donde estaba citado para clarificar el decreto", dijo Benítez.
NO ESTÁ CLARO EL DECRETO
Por su parte, legisladores del oficialismo como Viviana Damilano realizó declaraciones radiales en la que sostuvo que no está claro el alcance del decreto que crea Corredores Viales, pero abre la posibilidad a adjudicar obras a amigos del Gobierno sin ningún tipo de control", sostuvo en una entrevista otorgada a Radio Provincia.
Mientras que el diputado Ricardo Sánchez es autor de la iniciativa de resolución 4815/17 por la que se expresa “profunda preocupación ante el dictado del Decreto 794/17 del Poder Ejecutivo Nacional, por el cual se crea la sociedad “Corredores Viales S.A.”, que tendrá por objeto la construcción, mejora, reparación, conservación, promoción, ampliación, remodelación, mantenimiento, operación, financiación, administración, explotación y prestación de servicios al usuario, en trazas, rutas, autopistas, accesos, corredores y cualquier otra red vial de jurisdicción nacional; dejando sin competencias a la Dirección Nacional de Vialidad Nacional”.
Señala, además, que “la presente sociedad no se regirá por las disposiciones de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos Nº 19.549 y sus modificatorias, del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional, establecido por el Decreto Nº 1023 de fecha 13 de agosto de 2001 y sus modificatorios, de la Ley de Obras Públicas Nº 13.064 y sus modificatorias, ni, en general, las normas o principios de derecho administrativo”.
Resalta que “desde el Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (Conaduv) señalaron su “preocupación y rechazo” ante la firma del citado decreto, al que consideran una privatización encubierta”.
En los fundamentos el autor señala que “la sociedad reemplazará a la dependencia estatal en la construcción, mejora y reparación de rutas y autopistas de jurisdicción nacional y aunque el sector público se mantiene por ahora al frente de las decisiones, la transformación societaria prevé el ingreso de socios privados” y que “también el cambio de forma jurídica exime a la empresa de las regulaciones que rigen para los organismos estatales y, por lo tanto, la habilita a realizar contrataciones directas”.
