Por unanimidad el Tribunal Oral Federal de Resistencia que integran los jueces Juan Manuel Iglesias, Fermin Ceroleni y Selva Spessot rechazó el pedido de prisión domiciliaria del capitán de Ejército Norberto Tozzo , condenado por su participación en la Masacre de Margarita Belén, quién alegó razones de salud para fundamentar su solicitud. Tozzo fue condenado el 26 de abril de 2013 a 24 años de prisión por el delito de desaparición forzada de los militantes Fernando Piérola, Roberto Horacio Yedro, Reynaldo Zapata Soñez y Julio Andrés Pereyra , todos ellos fusilados el 13 de diciembre de 1976. No formó parte del grupo de 11 genocidas condenados el 16 de mayo de 2011 en el primer juicio por la Masacre porque en ese momento se encontraba prófugo de la Justicia.
Los magistrados consideraron que el represor, albergado en la Unidad Penitenciaria N° 31 de Complejo Penitenciario de Ezeiza, se encuentra debidamente contenido y no corre riesgo alguno que amerite el beneficio, en sintonía con la Fiscalía y tomando como base un dictamen de la Junta Medica realizada por el Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia con la participación de peritos de la DATIP – La Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal- del Ministerio Publico Fiscal.
En la mencionada resolución se señala que “los problemas de salud de Tozzo no alcanzan un nivel de importancia que dificulten su tratamiento o supere las previsiones clínicas del Servicio Penitenciario, por lo que pueden ser tratadas intra muros”. Además, los magistrados destacaron el historial de prófugo de Tozzo, que implicó una intensa búsqueda con la intervención de la Interpol en el vecino país de Brasil , lo que demandó un prolongado trámite de extradición con participación incluso de la Corte Suprema de Justicia Brasileña. Esta es la segunda ocasión en la que se le rechaza un pedido de prisión domiciliaria a un represor, luego de la negativa al condenado por torturas en la Causa Caballero I José Francisco Rodríguez Valiente, imputado en un nuevo juicio oral por torturas, desapariciones y violación en la ex Brigada de Investigaciones de la Policía del Chaco. El otro caso, es el de Gabino Manader, represor emblemático del genocidio, también condenado y sujeto a proceso, a quien le fue concedido el beneficio por parte del juez Juan Manuel Iglesias en base a una resolución del cuerpo médico de la U7, y sin tomar en cuenta el dictamen de los peritos de la Corte Suprema. Por ello se espera una nueva junta médica para dilucidar esta cuestión.
GENOCIDA
Tozzo integró el Destacamento de Inteligencia 124 de Resistencia que dependía directamente del Batallón 601 del Ejército con el grado de capitán y se lo señala además como partícipe en el asesinato del joven Miguel Romaniuk, en San Bernardo, y en el secuestro y tortura de Fernando Gabriel Piérola, en Misiones. Piérola fue ultimado en la Masacre de Margarita Belén y su cadáver desaparecido desde entonces. Tozzo fue uno de los integrantes del convoy que intervino en este crimen; viajó como acompañante de Germán Emilio Riquelme (condenado a perpetua) en un camión Unimog 416 del Ejército que iba como escolta del vehículo que llevaba a los detenidos y, una vez en el lugar, fue uno de los ejecutores directos de los fusilamientos clandestinos.
FUGADO
Tozzo estuvo prófugo de la Justicia desde 2003, tras el escandaloso hábeas corpus concedido por la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia que lo liberó, junto a sus camaradas de armas, (cuando la Justicia los volvió a detener, todos aparecieron, menos él) hasta que fue detenido el 17 de septiembre de 2008 por Interpol, escondido en el Ipanema Tower, un hotel de lujo de Río de Janeiro. Su extradición fue aceptada en mayo de 2011 por el Tribunal Supremo de Brasil y ratificada en octubre de ese año por un decreto de la presidenta, Dilma Rousseff. Sin embargo, la extradición concedida por la Justicia brasileña le puso un “córset” legal a la Argentina y por ello Tozzo sólo pudo ser juzgado por el delito de secuestro calificado, un crimen de carácter continuado que persiste hasta hoy, en virtud de que "las cuatro personas que estaban bajo la guardia de los militares aún permanecen desaparecidas", según consta en la resolución del Tribunal Supremo brasileño.
