El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, ponderó el proyecto de ley para la reforma del Ministerio Público Fiscal y enfatizó la necesidad de generar “controles y contrapesos” en dicho organismo.
Al exponer en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, el funcionario sostuvo que la modificación a la ley orgánica es “muy importante”, y dijo que desde el Ejecutivo se comparten en líneas generales la iniciativa. Como era de esperarse, llamó a “despojarse de las situaciones político partidarias” para llevar a cabo la discusión.
En relación a la “acumulación de poder enorme y muy fuerte” que posee el Ministerio Público y la figura del procurador general, Garavano señaló que hay que generar “mecanismos de controles y contrapesos” en el organismo.
“La reforma más significativa de este proyecto tiene que ver con el mandato del procurador”, destacó y explicó que las modificaciones que se han realizado en varias provincias y otros países establecen que el procurador tiene que tener un plazo más corto.
Al defender este punto del proyecto, puntualizó que “al haber un período más corto” de duración en ese cargo “en el proceso de designación y de remoción” se requerirán de “mayorías más ágiles”.
Además, resaltó el nuevo mecanismo de remoción que indica el proyecto, que reemplaza al juicio político, pero “respeta el rol del Senado en ese proceso”. En este sentido, el funcionario apuntó que “solo la Constitución puede disponer el juicio político y no una ley”, apoyándose en el fallo del juez Pablo Cayssials que declaró “inconstitucional” este método para remover al jefe de los fiscales, replicó parlamentario.com.
Respecto de la eliminación de procuradurías, el ministro expresó: “Yo entiendo que de ninguna manera elimina procuradurías, sino que le da la posibilidad -al procurador- de evaluar cuáles son las que se deben priorizar”. Luego, ante los cuestionamientos de Anabel Fernández Sagasti, negó que vaya a disolverse la procuraduría de Crímenes contra la Humanidad.
“Hay que dejar una herramienta para que el procurador o la procuradora tome decisiones en términos de la política criminal del Estado, y rinda cuentas a toda la comunidad y a la comisión bicameral”, agregó.
INTERVENCIÓN DE LOS
ORGANISMOS DE DDHH
Organismos de Derechos Humanos criticaron este miércoles en el Senado el proyecto de reforma de la Procuración General de la Nación. Ante su exposición, el oficialismo aceptó introducir cambios que vayan en línea con esos planteos.
A diferencia de los dichos de Garavano, según publicó ambito.com, fue ante estos cuestionamientos que el bloque de Cambiemos aceptó dejar vigente en el proyecto la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad que funciona actualmente dentro del Ministerio Público Fiscal y que la iniciativa de reforma eliminaba junto con otras dependencias.
La referente de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Taty Almeida y la presidenta Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas, Lita Boitano, leyeron ante la Comisión de Justicia del Senado un documento en el que expresaron su "profundo rechazo" a la iniciativa.
En este sentido, advirtieron que el proyecto dejaba "a total discreción del procurador general de la Nación la continuidad o no de áreas fuertemente vinculadas a la protección y tutela de los derechos humanos y la persecución de los crímenes de lesa humanidad".
Se refirieron así al artículo que elimina las procuradurías y direcciones especiales existentes en el Ministerio Público Fiscal, como la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, y habilita al nuevo titular del Ministerio Público Fiscal a crear las que considere necesarias.
"Esto genera una gran incertidumbre y preocupación porque implica el abandono de una clara política de Estado comprometida con el juzgamiento a los responsables del terrorismo de Estado", señalaron Almeida y Boitano.
Luego de ese planteo, el senador de Cambiemos Ernesto Martínez tomó la palabra y aseguró que el oficialismo va a "proponer que quede expresado en el proyecto" que la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad continuará funcionando, así como la Unidad Especial para casos de apropiación de niños durante la dictadura.
De esta manera, el oficialismo aceptó realizar un cambio en el proyecto de ley que original "para que no queden dudas" entre los organismos de derechos humanos frente a la iniciativa, expresó Martínez.
