La cárcel de Archidona, en Málaga, vive en un motín permanente desde principios de semana. Los reclusos que arrojan sábanas, muebles y colchones exigen ser liberados por un principio básico: no están acusados de ningún delito penal.
Se trata, en realidad, de 500 inmigrantes irregulares que llegaron en los últimos días a España en pateras por el Mediterráneo y se encontraron con un país desbordado en su capacidad para albergarlos, con los centros de internamiento de extranjeros (CIE) llenos y en busca de soluciones de emergencia para enfrentar una presión pocas veces vista.
En lo que va de 2017 llegaron a España 19.983 inmigrantes sin papeles por mar desde Argelia y Marruecos y otros 3204 a través de la frontera de Ceuta y Melilla, en el Magreb, según datos oficiales. Un 160% más que en todo 2016. En el camino murieron ahogadas 161 personas, las tres últimas el fin de semana pasado.
Octubre y noviembre a pesar del frío otoñal han sido los meses más críticos, con una avalancha constante de embarcaciones frágiles que pugnan por alcanzar Murcia, Almería o Málaga.
La ruta española es la única que crece y alcanza este año a la de Grecia en cantidad de ingresos a Europa. Muy lejos todavía de la vía principal, la que lleva de Libia a Italia, que aun así disminuyó su tráfico en un 31% en 2017.
El desborde en los CIE, donde se aloja a los inmigrantes irregulares hasta definir su eventual deportación, motivó la decisión del Ministerio del Interior de encerrar a 507 personas en Archidona, una cárcel que estaba a punto de ser inaugurada (es decir, todavía no tenía presos comunes adentro).
La explicación del gobierno de Mariano Rajoy es que no tenía más opciones a mano ante un flujo de personas inesperado. Hay que remontarse a la crisis dramática de 2006, cuando miles de barcos improvisados se lanzaron hacia la costa de Canarias, para encontrar una situación comparable.
La ley de extranjería dispone de manera taxativa que los inmigrantes irregulares no pueden quedar internados en centros de carácter penitenciario.
"Hay un atentado clarísimo contra los derechos humanos; es una situación alarmante", denunció José Luis Pascual, presidente de la Plataforma de Solidaridad con los Inmigrantes. La Acnur, agencia de la ONU para ayuda de los refugiados, también acusó a España de no tener "un plan coherente" para atender la llegada masiva de embarcaciones.
Lo habitual hasta ahora era que ante la falta de espacio de internación las autoridades fueran dejando en libertad a algunos de los sin papeles. Pero ante la incesante llegada de barcos, temían que mantener esa política funcionara como un incentivo adicional para cruzar el mar.
Los familiares de los reclusos se instalaron en la puerta del penal, denuncian maltratos y alientan las protestas desde el interior. Dicen que el edificio no tiene agua potable corriente y le faltaban comodidades mínimas para la subsistencia. El gobierno insiste en que técnicamente Archidona todavía no es una cárcel. Lo rebautizó como "CIE provisional".
"Tienen ducha, calefacción y ocio. El destino final es devolverlos a sus países", señaló el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ante las quejas.
Sin embargo, los propios datos del ministerio revelan que el proceso no funciona así. En 2016, el 71% de las personas encerradas en los CIE terminaron por salir en libertad. Muchas de ellas se quedan en España en busca de trabajos informales y una lejana regularización; otras siguen camino hacia otros países europeos donde tienen familia.
FUENTE: La Nación
