24/04/2018 DERECHOS HUMANOS

Femicidios: marcharon contra la poca acción estatal

El movimiento de mujeres, encabezado por Ni Una Menos y Mujeres en Lucha, marchó ayer hasta el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia para repudiar la desidia estatal ante los frecuentes casos de femicidios en el Chaco.

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Ayer por la mañana, se realizó una marcha para protestar por “verdaderas políticas de género” en la Provincia. La convocatoria surgió desde Ni Una Menos Resistencia y el movimiento Mujeres en Lucha. Se concentraron en la esquina de López y Planes y Brown, donde funciona el Superior Tribunal de Justicia a partir de las 9.30. De allí se movilizaron hasta Casa de Gobierno, bajo la lluvia que cayó durante todo el día. El objetivo fue denunciar y repudiar la inacción de ambos poderes ante cinco femicidios confirmados en la provincia y otras cuatro muertes de mujeres que sin carátula, el movimiento afirma que también deberían tratarse como tales.

“A la Justicia misógina y al Gobierno Provincial y Nacional, cómplice, les decimos: basta”, rezaba el documento presentado por las mujeres. “En los primeros cuatro meses del 2018, cinco mujeres nos han sido arrebatadas, asesinadas por la violencia machista que no se detiene, y persiste la duda en cuatro muertes más”.

“Nueve muertas. Cinco femicidios confirmados y cuatro sospechas. De estas mujeres por lo menos tres habían realizado alguna presentación contra sus abusadores, sin recibir otra respuesta que ‘los tiempos de la Justicia’ ”, expresaron.

“Mientras las identidades femeninas seguimos cayendo a manos de los femicidas, la Justicia arrastra sus tiempos para dejarnos desprotegidas. A la dificultad de realizar las denuncias, se suma una lentitud exasperante para resguardar nuestra integridad, y un disciplinamiento por parte de los actores del poder judicial contra las compañeras que se atreven a volver a denunciar. Algo llamado “desgaste judicial” que básicamente sostiene que, si viniste a denunciar y después no volviste a ratificar, jodete, porque nos hacés perder tiempo, sin tener en cuenta el hecho de que, dado el carácter dilatorio de los procesos judiciales, la mujer que denuncia tiene que volver a convivir con su agresor o abandonar el hogar, hasta tanto se libre la orden de exclusión, que suele tardar entre siete y quince días, tiempo más que suficiente para que el agresor vuelva a violentarla”, relataron en su extenso documento.

Allí exigieron al poder judicial que revictimicen o disciplinen a las sobrevivientes a través de dichos y hechos prejuiciosos en contra de las damnificadas. Que actúen de forma rápida y eficiente en el otorgamiento de medidas de protección a “la sobreviviente y sus hijes”, evitando dejarlas a merced de los agresores u obligándolas a abandonar el hogar para salvar la vida. Que ninguna causa por abuso sexual en la infancia sea archivada y se respete la reforma de la Ley 27206, conocida como de “Respeto a los Tiempos de las Víctimas”. Que se investiguen exhaustivamente, y con perspectiva de género, las muertes de Anastasia Marcelo, Mariza Caballero y sus niñas, quienes sufrían de violencia de género.

De la misma manera, al Ejecutivo también le dedicaron un fragmento del petotorio: “El quinto femicidio en menos de cuatro meses habla a las claras de la falta de interés manifiesto en generar políticas de género que cumplan con garantizar la aplicación de la Ley 26485 de prevención, sanción y erradicación de las violencias contra las mujeres”, añadieron.

“Los presupuestos asignados a la protección y asistencia a mujeres vulneradas son paupérrimos y continúan recortándose. Las campañas de concientización se limitan a afiches y desde los ministerios de educación de nación y provincia, no solo no se garantiza la aplicación de Educación Sexual Integral, sino que se pone palos a la rueda, permitiendo la injerencia de las iglesias y de las ideologías personales en las aulas públicas”, continuaron.

 

OTROS RECLAMOS

El documento además resaltó otras problemáticas que atañen a toda la sociedad y recaen principalmente sobre las vidas de las mujeres. “La precarización laboral y la criminalización de la protesta, producto innegable del ajuste, así como la falta de capacitación e idoneidad en los agentes del Estado encargados de recibir las denuncias, atender a la sobreviviente o a familiares de la víctima, el prejuicio y el maltrato, incluyendo violencia obstétrica, ejercido desde la Salud Pública, la falta de Educación Sexual, la discriminación hacia las compañeras trans y travestis y todas las identidades diversas, son los componentes que dan como resultado final el femicidio, y por eso, el movimiento de mujeres considera al Estado responsable por dada compañera muerta”.

Nombraron también los recientes casos de lesbo-odio y homo-odio en la ciudad, las represiones hacia trabajadoras y trabajadores de UPCP y ATE. También las discriminaciones que plantea el ajuste económco, sobre tod en la strabajadoras de la economía popular; la triple discriminación sufrida por las mujeres originarias, por pobre, por originaria y por mujer, y que las deja expuestas a abuso, maltrato y muerte.

 

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