El ministro de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere, afirmó que la cantidad de despedidos en su cartera no es de 320 como se había informado sino de 543. La rectificación que da cuenta de que el ajuste es superior al que se estimaba fue acompañada de una insólita defensa de la precarización laboral. Dijo que el despido de una persona que durante años estuvo contratada como monotributista “es perfectamente legal” y que la pérdida de su empleo “es una de las cosas que pueden ocurrir”.
“No son precarizados. Son contratos que vencen todos los fines de año y que se renuevan automáticamente o no”, afirmó el funcionario en referencia los profesionales que su cartera dejó sin empleo para cumplir con un mandato del Ministerio de Modernización, encargado de planificar el achicamiento del Estado.
Los “no precarizados” a los que hizo referencia Etchevehere son profesionales que, en algunos casos, tienen entre 5 y 30 años como trabajadores contratados por distintas dependencias de la cartera agropecuaria, sin que se los haya pasado a planta permanente.
El modo en que estas personas prestaban servicios en distintos organismos, como por ejemplo la Secretaría de Agricultura Familiar (SAF) o el Senasa era a través de contratos de entres seis meses y un año, con un pago por servicios cobrado como monotributistas a través de facturas por servicios. Para Etchevehere esto “está dentro de la ley” y su cesación de tareas es “perfectamente legal”.
Entre los despedidos del ministerio de Agroindustria hay personal de planta permanente pero los afectados del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) son contratados a término, aunque cada diciembre se les venía renovando.
"En definitiva es un contrato”, minimizó el ex titular de la Sociedad Rural. Y la persona que está contratada “sabe que todos los años a fin de año se le vence", remató.
Por otra parte, el funcionario precisó que la cantidad de personas que quedaron sin empleo se repartió de la siguiente manera: 330 empleados del Ministerio de Agroindustria y 213 contratados del Senasa. Sin embargo, el grueso de la primera cifra está integrada también por contratados del INTA y de la SAF que fueron declarados prescindibles después de décadas de relación laboral, tal como lo consignó Página/12.
Según Etchevehere, a la hora de echar "tuvimos especial cuidado” con quienes lo hacían: “Analizamos cada caso concreto. Estamos hablando de personas, sin ninguna duda. Priorizamos personal administrativo sobre el profesional", agregó.
Para reforzar su justificación del ajuste, el ministro dijo que el achicamiento del personal obedece a “todo lo que pide” el Ministerio de Modernización. “Pero sobre todo estamos cumpliendo la ley principal que tiene una Democracia, que es la ley de Presupuesto", agregó. (Fuente: Página 12)
