09/09/2018 EL PAÍS

El reclamo por el Fondo Sojero tensa la relación con Municipios

La Federación Argentina de Municipios (FAM) recibió una orden judicial para desalojar sus oficinas en la calle Cerrito este mismo lunes. La intimación fue firmada el mismo día en el que la organización solicitó una audiencia con el presidente, Mauricio Macri, para que restituya el fondo sojero que financia las obras públicas de los municipios, eliminado por decreto el mes pasado.

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La Federación Argentina de Municipios (FAM), que preside la intendenta de La Matanza, Verónica Magario, recibió una orden judicial para desalojar sus oficinas en la calle Cerrito este mismo lunes. La intimación judicial fue firmada el mismo día en que la organización solicitó una audiencia con el presidente, Mauricio Macri, para que restituya el fondo sojero que financia las obras públicas de los municipios, eliminado por decreto el mes pasado.

El Fondo Federal Solidario, programa que se conoce como fondo sojero fue creado por la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner durante su segundo mandato, indicaba que el Gobierno nacional debía transferir a las provincias y los municipios el treinta por ciento de la recaudación de los derechos de exportación a la soja. Por eso constituía una herramienta clave para el desarrollo de obras de infraestructura y el financiamiento de la salud y la educación en los gobiernos locales. Su eliminación -realizada mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia el 14 de agosto- significa para las provincias y municipios una pérdida superior a los 10.000 millones de pesos para lo que queda de 2018 y cerca de 41.000 millones para el 2019.

“Deberá desalojar su domicilio indefectiblemente el día 10 de septiembre, bajo apercibimiento de ser lanzado por la fuerza pública”, dice el texto -al que tuvo acceso Página 12- firmado por el Juzgado Contencioso Administrativo Federal número 3 que llegó el jueves a la sede de la federación que nuclea a más de cien intendentes de todo el país. El día anterior, Magario, en carácter de titular de la FAM,  había radicado en ese mismo Juzgado una presentación para que el Gobierno restituya el Fondo Federal Solidario de la soja y había encabezado más tarde una columna de jefes comunales que copó el ingreso de Balcarce 50 para exigirle a Macri una audiencia para tratar el tema. Además del amparo presentado ante la Justicia, los jefes comunales ingresaron en las legislaturas locales proyectos con el mismo reclamo.

 

SIN FONDO Y SIN SEDE

Desde el entorno de Magario señalaron lo llamativo de la medida, que se concretó el mismo día en que la intendenta se reunió con el Frente Sindical por el Movimiento Nacional y la CTA de los Trabajadores que conduce Hugo Yasky, y rubricó luego un documento con el Consejo Directivo de la CGT donde acordaron realizar “acciones inmediatas que contribuyan a la unidad nacional y la paz social”. En ese sentido, indicaron que Magario “se enteró que había llegado la orden de desalojo justo cuando estaba reunida con la CGT”.

En principio se trata de una respuesta judicial a una solicitud de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), que depende directamente de la Jefatura de Gabinete, por una supuesta deuda de expensas de la FAM con la administración del edificio. Las oficinas de la FAM se encuentran el primer piso de Cerrito 832 que fue cedido en un convenio firmado por el ex titular de la FAM, el entonces intendente de Florencio Varela, Julio Pereyra, y el ex presidente Néstor Kirchner (Página 12).

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