El Centro de Estudios y Derechos Humanos “Nelson Mandela” asegura a través de un documento que se deforestó 2.600 hectáreas, comprendidas entre las parcelas 225 y 226 del departamento Almirante Brown para la construcción de una chacra. Esta zona, según el mapa de zonificación del OTBN se encuentra en zona amarilla.
En el informe, se especifica que “el campo está sobre la picada 82, tres kilómetros antes del empalme con la ruta Juana Azurduy, que es un punto estratégico en esta región. El paraje es conocido como “El Kiosco” porque allí funciona un almacén que da de comer a los viajeros. Desde ese empalme, en distintas direcciones, se puede llegar a Fuerte Esperanza, Misión Nueva Pompeya y a Los Frentones/Río Muerto, que son localidades que se ubican a la vera de la Ruta Nacional Nº 16, que es el corredor bio-oceánico que une San Pablo-Brasil e Iquique-Chile”.
“El anterior dueño fue Antonio Quejas. En la tranquera del campo está el cartel que indica que se trata del Establecimiento Las Rejas. En la zona se menciona que compró y topó la firma Aromito S.A., inscripta no hace mucho tiempo en el Registro de Comercio de Sáenz Peña, aunque en el cartel colocado en la tranquera del campo figura como titular la firma Cuenca del Salado S.A., cuyo titular más conocido es el italiano Claudio Andreoli, un exitoso empresario agropecuario de Chivilcoy, que figura entre los primeros grandes exportadores de trigo y maíz, fuertemente cuestionado –en su momento- por acaparar permisos de exportación”, reza el documento.
EL PLAN PARA FAVORECER A
LOS EMPRESARIOS DEL AGRO
“Los propietarios del campo Las Rejas obtuvieron un Plan de Aprovechamiento del Cambio de Uso del Suelo, que fue autorizado por disposición PF0513/2016, Permiso 0531004547 otorgado por la nefasta Dirección de Bosques. A pesar de que el predio está ubicado en zona amarilla, en la que no se debe desmontar, Bosques autorizó que se desmontaran 2905 hectáreas, que el Centro Mandela entiende corresponde a un desmonte anterior. La empresa que desmontó fue MT Agroservicios y el técnico responsable es el agronómo Diego Kalbermatter”, sostienen.
Según se menciona en otra parte del documento, la mencionada empresa, Cuenca del Salado S.A, tiene antecedentes de acciones similares. “En el 2006 lograron que la Dirección de Bosques autorizara la forestación de 20.160 plantas de algarrobo, plan que no se ejecutó. Por el contrario, desmontaron una buena porción del campo”, asegura el Centro.
“ZONAS LIBERADAS AMBIENTALES”
“En campos de la región del Chaco Seco, clasificada como zona amarilla donde está prohibido desmontar, la Dirección de Bosques no detectó las deforestaciones ilegales o clandestinas o concedió autorizaciones a través del programa de Cambios de Uso de Suelos para que las tierras fueran y sean destinadas a la agricultura. De esta manera, transformó este territorio en zona liberada ambiental, tal cual planteó la periodista Fernanda Sánchez en su artículo publicado en el Buenos Aires Herald que el exauditor general de la Nación, Leandro Despouy, acuñó la frase zonas liberadas ambientales en nuestro país cuando presentó sucesivos y, casi siempre, demoledores informes sobre el rol del Estado en el proceso de deterioro de la Naturaleza. Este exfuncionario, en una audiencia pública en el Congreso de la Nación, dijo que “el Estado no estuvo ausente, sino que estuvo presente como cómplice”, “Corroborando las expresiones del exauditor general de la Nación, vale la pena mencionar que la Subsecretaría de Recursos Naturales y la Dirección de Bosques son organismos públicos que de ninguna manera funcionan para proteger el monte, asegurar su explotación racional y el correcto aprovechamiento socio-económico integral de la riqueza forestal y de bio-diversidad, que en Chaco tiene su eje en el monte nativo, tal cual ordena la Constitución chaqueña. De ninguna manera estos entes oficiales promovieron la conservación y mejora de las especies, con reposición obligatoria mediaste forestación y reforestación, ni nada parecido. Por el contario, funcionan bajo la influencia, persistente y determinante, de una marcada ineficiencia y un creciente tráfico de influencia y corrupción, hasta transformarse en comercializadoras de montes, en sintonía con los mandatos políticos de los sucesivos gobiernos locales”, denuncian en el informe emitido.
