25/04/2018 EL PAÍS
AUMENTOS EN LOS SERVICIOS

El Gobierno presenta un proyecto para eliminar impuestos en las tarifas

El proyecto del oficialismo ante el Congreso busca quitar los impuestos provinciales y municipales en las boletas de luz, agua y gas. Desde la oposición, fueron críticos con este texto y presentarán una propuesta en la que se determina que los servicios no puedan aumentar más que un salario.

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El proyecto de ley que el Gobierno nacional envió al Congreso sobre facturación de servicios públicos esenciales pretende eliminar los impuestos provinciales y municipales en las boletas de tarifas de electricidad, gas y agua que llegan a todo el país.

La iniciativa se llama "ley de Transparencia en la facturación de servicios públicos esenciales", tiene 13 artículos e incluye sanciones a quienes incumplan con su articulado.

El punto central de la iniciativa es el artículo seis, que establece: "Las facturas de los servicios públicos esenciales" deberán "contener exclusivamente los cargos por el consumo realizado por el usuario, calculado según el cuadro tarifario vigente al momento de la facturación, más los cargos por mayor consumo y subsidios si correspondiere", incluyendo IVA e Ingresos Brutos "si correspondiere" también.

El artículo siete, en tanto, exige que "no se podrá incorporar a la facturación cualquier otro cargo, tasa o concepto ajeno a los expresados" en el anterior.

Además, para asegurar que el contribuyente pague sólo por lo que consume, el artículo octavo señala que "el usuario podrá hacer uso del derecho de pagar sólo el monto que totalicen los conceptos previstos en el artículo seis, imputándose válido el pago del servicio público en cuestión".

Las sanciones ante el incumplimiento de la ley irán en forma creciente en el siguiente orden: apercibimiento, multa equivalente a multiplicar en 10 a 10.000 veces el monto facturado indebidamente o la pérdida de concesiones, privilegios, regímenes impositivos o crediticios especiales.

Además de invitar a las provincias, incluyendo a sus municipios, y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la ley, el proyecto al que tuvo acceso la agencia de noticias Télam subraya que tiene por objetivo "garantizar el derecho constitucional de los usuarios y consumidores a recibir una información adecuada, veraz y precisa relativa al consumo de los servicios públicos esenciales".

Asimismo, se busca evitar "distorsiones en la información el monto a abonar, producidos por conceptos ajenos a la prestación del servicio o improcedentes de ser incorporados en dicha factura".

Más allá de la adhesión provincial, la iniciativa aclara que se trata de una ley de "carácter público nacional, siendo sus normas de carácter federal".

Entre los sujetos obligados, el proyecto menciona a "los responsables de la facturación para el cobro de prestaciones de servicios públicos de energía eléctrica, gas y agua, sean estos entes públicos o privados, independientemente de la figura jurídica que posean y el alcance territorial de la prestación de servicios".

Finalmente, señaló el portal ambito.com, la autoridad de aplicación, o sea el Poder Ejecutivo Nacional, deberá notificar a los "sujetos obligados dentro de los veinte días posteriores a su promulgación".

 

EL PROYECTO DE

LA OPOSICIÓN

Con duras críticas a este proyecto oficial, la oposición firmó un dictamen unificado para ponerle un límite a los aumentos de tarifas, ayer en la antesala de una nueva sesión especial para ejercer presión.

En un plenario de las comisiones de Obras Públicas y de Defensa del Consumidor, el bloque Justicialista y el Frente Renovador lograron avanzar con el proyecto presentado la semana pasada para que las tarifas de luz y gas no puedan subir más que los salarios, y que pymes, cooperativas y clubes de barrio tengan regímenes diferenciados.

El Frente para la Victoria-PJ también suscribió al dictamen, aunque en disidencia: el bloque liderado por Agustín Rossi propone retrotraer las tarifas al 31 de diciembre de 2017 y congelarlas en 2018, para que “el esfuerzo este año lo haga el Gobierno y que no lo cargue siempre en cabeza de los argentinos”.

El despacho favorable también fue acompañado por el Movimiento Evita y el mendocino José Luis Ramón, del Partido Intransigente.

Para llegar al recinto, el texto avalado deberá superar el filtro de otras dos comisiones, las de Presupuesto y de Peticiones, Poderes y Reglamento, presididas respectivamente por Luciano Laspina (Pro) y Alicia Terada (Coalición Cívica), quienes sorpresivamente no descartan convocar a una reunión conjunta la semana que viene, destacó parlamentario.com.

El texto dictaminado el martes se denomina “Razonabilidad en las tarifas de servicios públicos” y establece que si el Gobierno decide incrementar las tarifas por causas objetivas y justificadas, ese aumento no podrá exceder el del promedio de los salarios para usuarios residenciales, ni el IPC mayorista para las pymes, cooperativas de trabajo y empresas recuperadas.

La iniciativa también establece en el caso de los usuarios residenciales que las tarifas serán estables por 12 meses.

Para los clubes de barrio y entidades de bien público, se implementa un sistema de tarifa social en el que pagarán sólo el 20 % del valor de la factura.

En tanto, se elimina la alícuota especial de 27 % de IVA para consumo de servicios públicos de pymes y se prohíbe la creación de nuevos impuestos a los servicios públicos.

El proyecto también crea una Comisión Bicameral de Seguimiento de Acciones de Estado, para “llevar adelante el seguimiento, evaluación y control del cumplimiento físico del plan de inversiones establecido en el marco del proceso de Revisión Tarifaria Integral dentro de la órbita del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS)”.

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