13/01/2018 EL PAÍS

El Gobierno dictó un megadecreto que modifica y deroga cientos de leyes

Las modificaciones mayúsculas que introdujo el Gobierno con un decreto de necesidad y urgencia están en línea con los planteos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), un organismo de países ricos con políticas ortodoxas al que Argentina se quiere integrar.

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Con un decreto de necesidad y urgencia (DNU) el Gobierno introdujo un extenso conjunto de modificaciones para “desburocratizar” y “simplificar” el Estado.

En la vasta normativa, convive la flexibilización de los controles para las empresas que incumplen la legislación laboral con la regulación de los cuatriciclos. A pesar de su dispersión, las medidas previstas a lo largo de 192 artículos están en línea con la reorientación de las políticas públicas emprendida por Cambiemos desde su llegada a la Casa Rosada.

Guiado por los principios de liberalización, desregulación y flexibilización, el DNU 27/2018 habilita embargos directos sobre las cuentas sueldo que estaban prohibidos, modifica normas fitosanitarias vigentes hace ochenta años para impulsar el comercio, acompaña el proyecto de cielos abiertos, facilita la venta de activos estatales y unifica el esquema de contrataciones del sector público. Los cambios también legitiman el funcionamiento irregular registrado por la UIF, el organismo encargado de investigar maniobras de lavado de dinero, a lo largo de los últimos dos años.

La normativa incluso modifica leyes recién aprobadas que fueron impulsadas por el Poder Ejecutivo como el denominado Fondo Fiduciario para el Desarrollo de Capital Emprendedor. Las implicancias de la modificación y derogación de cientos de leyes y decretos terminarán de conocerse cuando las innovaciones sean reglamentadas.

Entre las áreas alcanzadas por las modificaciones figuran los ministerios de Modernización, Producción, Trabajo, Finanzas, Transporte, Cultura, Agroindustria y Energía. El DNU además impactará sobre la Anses, el Banco Central y la AABE, el organismo encargado de administrar los bienes del Estado. Especialistas en derecho administrativo, señalaron, además, que la norma recorta la capacidad de la Inspección General de Justicia en materia de inspección y denuncia de delitos de acción pública.

 El proceso de desregulación que sigue los lineamientos sugeridos por la OCDE, organismo al que pretende sumarse el Poder Ejecutivo, será “permanente” y “debe estar acompañado por una revisión del funcionamiento de la burocracia estatal, que tenga por fin la eliminación de barreras regulatorias que atenten contra los principios constitucionales de libertad económica”.

Pedirán la derogación

El diputado Agustín Rossi anticipó que el Frente para la Victoria (FpV) propondrá la derogación del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que, con la excusa de “desburocratizar el Estado”, flexibiliza los controles para las empresas que incumplen la legislación laboral y permite entre otras cosas embargos directos sobre las cuentas sueldo, que estaban prohibidos, y otorga beneficios a las empresas y al sector financiero. “Está claro que el presidente, Mauricio Macri, se burla del Parlamento”, denunció.

El legislador nacional aseguró que pedirá que la Comisión Bicameral analice el decreto del Poder Ejecutivo redactado a medida de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) que, en 22 capítulos y 192 artículos, modificó más de 140 leyes y normativas. 

 “La ley de tratamiento legislativo de los DNU indica que hasta tanto las cámaras no lo rechacen, el decreto está vigente. Así que en las sesiones ordinarias (que se inician el 1 de marzo) vamos a pedir que el tema se trate en el pleno para poder derogarlo”, aseguró.

Además, Rossi calificó a ese decreto “ómnibus” publicado este jueves en el Boletín Oficial como “un intento de limitar la actividad parlamentaria” por parte del gobierno de Cambiemos. Sostuvo también que esa norma “tiene algunos aspectos que son claramente perjudiciales”.

Entre ellos citó la potestad de las entidades financieras de embargar las cuentas suledo y, también, el cambio del destino de las inversiones del Fondo de garantía de sustentabilidad de la ANSES. Esa norma establecía que los fondos debían “direccionarse hacia las inversiones productivas, de manera que los aportes puedan generar puestos de trabajo. Ahora, este proceso quedó orientado al sistema financiero”, criticó.

También cuestionó la modificación de las licencias de importación. “Esto tendrá un impacto negativo en la industria nacional”, vaticinó. También cuestionó el artículo que flexibiliza los controles a las empresas que transgreden la legislación laboral. “Todas son cuestiones que le están exigiendo (al Gobierno) desde la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) para tratar de que la Argentina ingrese” a ese organismo y, también, "para liberalizar el comercio”.

 

 

 

 

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