La querella que ejerce la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia remitió al Juzgado de Instrucción de la jueza federal Zunilda Nieremperger el requerimiento de elevación a juicio oral de la investigación por crímenes de lesa humanidad perpetrados por policías y militares del contra trabajadores rurales y pequeños productores, militantes y dirigentes del movimiento de las Ligas Agrarias de Chaco, en el marco del plan sistemático del terrorismo de Estado en Argentina.
“En efecto, surge del material señalado que las víctimas de seguimiento y persecución por su accionar en las Ligas Agrarias resultaron en forma sistemática privados ilegítimamente de su libertad, torturados, desaparecidos o, como en algunos casos que nos ocupan, simulada su muerte como un enfrentamiento armado inexistente”, manifiestan en el documento, al que tuvo acceso elDIARIO de la Región, los abogados Paulo Pereyra y Silvina Canteros. La presentación tuvo lugar la semana pasada, por lo que se espera que en los próximos días la fiscalía federal y las querellas de la familia Piccoli presenten sus requerimientos.
Las víctimas de los operativos son los militantes Carlos Servando Piccoli, Raúl Eduardo Gómez Estigarribia Santos Britez, Hipólito Britez y Modesto Meza. Piccoli y Estigarribia, dirigentes de Ligas, fueron emboscados y ejecutados en un hecho que luego fue presentado por la represión como un enfrentamiento.
IMPUTADOS
Los imputados en el expediente son Eduardo Wischnivetzki, Miguel Antonio González, Alcides Roberto Safenraiter, José Tadeo Luís Bettolli, José Francisco Rodríguez Valiente y Carlos Chávez. Bettolli y Rodríguez Valiente están siendo procesados también en la continuación de la causa Caballero por crímenes de lesa humanidad en la ex Brigada de Investigaciones de la Policía de Chaco, donde fueron condenados por torturas en el primer juicio oral del mencionado proceso.
“La índole de los delitos que han cometido, que fueron aberrantes y atroces, demuestran la voluntad de perpetrarlos, pues ninguna persona puede confundirse respecto de delitos tan inequívocos como el secuestro, los tratos inhumanos y crueles de los recluidos, la aplicación de torturas, que incluyeron violaciones, los homicidios seguidos del ocultamiento o destrucción de los cuerpos y el apropiamiento de los hijos de sus víctimas”, puede leerse en el requerimiento.
LIGAS AGRARIAS
Las Ligas Agrarias fueron uno de los movimientos sociales campesinos más fuertes y de mayor despliegue en el nordeste desde fines de la década del 60 hasta mediados de los años setenta, logrando la más formidable reversión de la injusta distribución de la renta agrícola en la región.
Agruparon en su conjunto a más de 20.000 familias y 54.000 jóvenes (1), conformando una herramienta fundamental para la organización de los pequeños y medianos agricultores y la defensa de los intereses del trabajador campesino, históricamente perjudicado por los monopolios comercializadores, los latifundios y la presindencia de un Estado cómplice de las patronales agropecuarias.
El movimiento liguista fue cruentamente reprimido por el terrorismo de Estado. El gobierno de Isabel Martínez de Perón inauguró las persecuciones, que fueron continuadas después del golpe de estado del 24 de marzo de 1976 por la dictadura cívico militar.
El gobierno de facto restableció los privilegios de los monopolios y los hacendados latifundistas y promovió la trasformación de la economía nacional según los mandatos del neoliberalismo; contracción del ingreso, crecimiento exponencial de la deuda externa y valorización financiera del capital. Para lograrlo exterminó a las organizaciones populares y disciplinó a la sociedad mediante el terror.
